Las organizaciones políticas y sociales que se escudan bajo el abanderamiento de la lucha campesina en México son una tradición que más que apoyar, han perjudicado al sector por décadas.
El abandono y pobreza del campo que se agudizó años después de la Revolución y con la llegada de la industria a nuestro país, pasando por la Expropiación Petrolera, el socialismo y hasta la llegada de la tecnocracia, reprodujo grupos al interior de los partidos políticos como el PRI y el PRD, que subsisten hasta la fecha de los recursos públicos que obtienen mediante presión mediática y violencia.
Por años las administraciones gubernamentales en los estados y el país, prefirieron quitárselos de encima otorgándoles el dinero que solicitaban para presuntamente hacer lo que el gobierno no hace en pueblos y comunidades: sembrar, dotar de insumos al campesino, hacer obra pública, construir casas, llevar agua potable y electrificación.
Sin embargo de un tiempo a la fecha, específicamente del sexenio de Enrique Peña Nieto y lo que va del de Andrés Manuel López Obrador, se ha dejado de entregar dinero a dichas organizaciones con el argumento de que es labor del gobierno atender al campo y a los productores y sus familias.
Actualmente la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas exige a los diputados recursos por 29 mil 500 millones de pesos por lo que mantienen bloqueado el Congreso de la Unión. A ellos se han sumado Antorcha Campesina y otras organizaciones como la hidalguense del Movimiento Social por la Tierra.
En Hidalgo tampoco se les da rienda suelta a sus peticiones. De unos años a la fecha, se han enemistado unos con otros y los que antes eran aliados políticos hoy se ven como enemigos.
Al final lo que se busca es darle dinero al campesino y no a las organizaciones; y si no que se den una vuelta por donde supuestamente están trabajando el campo para verificar que todo sea cierto.
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