Que tras la revelación del llamado Cártel del Despojo, destapado por Multimedios, la titular de la delegación estatal del Infonavit, Estebi Fernández, ha instruido a su equipo a estar alerta ante cualquier denuncia de los derechohabientes que pudieran sentirse vulnerados por esta red de corrupción y tráfico de propiedades. Incluso se ha registrado un aumento en la afluencia de personas que acuden a las oficinas para revisar su situación jurídica o pedir orientación, pues el temor a perder su patrimonio comienza a calar.
Que luego de la manifestación de choferes de plataformas, se anunció desde el gobierno estatal que tanto Uber como Didi operarán bajo nuevas reglas, empezando por la afiliación de sus conductores al IMSS. La medida es parte de una reforma federal y la instrucción desde la oficina de Silvia Tanús es que sin seguridad social, no hay apps. La Dirección de Transporte Mercantil y Aplicaciones será la encargada de verificar que se cumpla a cabalidad, sin “tratos especiales” ni excepciones y sobre todo que el costo no se traslade a los usuarios, aunque eso está por verse.
Que el ex rector de la Ibero Puebla, Mario Ernesto Patrón, fue arropado por el Consorcio Universitario, conformado por sus homólogos de instituciones privadas; así como el sector empresarial. Llamó la atención la ausencia de autoridades civiles y religiosas, es decir, no acudieron representantes del sector gubernamental ni de la Arquidiócesis de Puebla, pese a que el centro educativo es parte de la red de formación jesuita, de carácter católico. Veremos si la distancia se mantendrá con el nuevo decano, Alejandro Guevara Sanginés.
Que en un intento por cerrar la llave al gasto hormiga, el estado podría dejar de pagar 50 millones de pesos al año por el arrendamiento de oficinas y despachos para burócratas si se concreta el proyecto de rehabilitar lo que ya tiene, es decir, casonas propias, algunas en completo abandono. Se dice que hay por lo menos siete inmuebles en el Centro Histórico que son propiedad del Poder Ejecutivo y que pueden convertirse en sedes administrativas, con una inversión inicial de 100 millones de pesos programada para 2026.
