Que la familia de la abogada y víctima de feminicidio se hizo de los servicios de la agencia de comunicación “J Santos Cuadrante” para organizar una conferencia de prensa ante de medios con la también abogada Helena Monzón Pérez, pero lamentablemente la “agencia” solo impuso un muro con los medios de comunicación.
Ni entrevistas, ni contacto directo con los familiares de la activista asesinada, la “agencia” solo ofreció un correo electrónico para que se pueda solicitar vía internet alguna información; la madre y hermana procedentes de Barcelona permanecerán solo una semana en Puebla.
Que por alguna decisión de las autoridades correspondientes, ni un emisario con el mensaje de condolencias a los dolientes en los servicios funerarios se hizo presente, ni mucho menos hubo un acercamiento con palabras de aliento para la familia de la activista.
Que avanzó la iniciativa del diputado morenista Carlos Alberto Evangelista para imponer de uno a tres años de prisión y de 50 a 200 días de salario, a las personas físicas y morales que pretendan cambiar la orientación sexual de una persona. La medida fue aprobada por unanimidad en comisión legislativa.
De esta manera, se aplicará una pena a quienes realicen terapias psicológicas o consejería religiosa para cambiar la orientación sexual de una persona; además, estos tratamientos o prácticas también pueden dirigidos a cambiar de identidad de las personas “trans”.
Que en la disputa por la dirigencia de la Sección 23 del SNTE, quienes aspiran a la secretaría general buscan extender su permanencia en la burocracia sindical (donde han probado las mieles del poder), pues no quieren soltar los privilegios, a excepción de Juan Carlos Esquivel.
Participan siete docentes que son secretarios del comité ejecutivo: Ana Luisa Lizardi, de Organización VII; Marcelino Colmena, de Trabajo Telesecundarias; José Luis Morales, de Finanzas; Víctor Ortiz, de Créditos; Eliuth Bravo, de Vivienda; Horacio Momox, de Promociones Económicas; y Trinidad Padilla, de Asuntos Laborales.
