Que luego de las recientes elecciones de delegados municipales, y ya que andan los tiempos de cambio en lo relativo a los cargos públicos, no estaría nada mal un “reformón” que regulara su postulación, campañas y gastos, entre otros muchos detalles, como el propio perfil que deben cumplir las llamadas “autoridades auxiliares”, cargos cuya filiación política es secreto a voces, pero su papel como enlace con los Ayuntamientos suele ser un verdadero misterio para la gran mayoría de sus respectivos vecinos.
Esto seguramente abonaría mucho para que, inicialmente, la gente supiera con precisión cuáles son sus funciones y atribuciones, pues de manera prepotente tienden a acreditarse muchas que les son ajenas. Ya encarrerados, sería ideal que mediante algún sitio digital la ciudadanía pudiera enterarse de quiénes son y dónde localizar a cada uno, así como si sus servicios, por ejemplo la expedición de constancias de residencia, son gratuitos o tienen algún costo ¿Será mucho pedir?
Que así por el estilo también le urge una inyección de transparencia al sistema de comisariados ejidales, cuyos titulares, además de imponer su ley sin que quede claro a quién le rinden cuentas, cobran importantes cantidades casi por cualquier cosa con el poder de su firma y sello, en lo que suelen pasar por encima incluso de las autoridades edilicias con todo y alcalde o alcaldesa, pues estos le tienen bastante miedito político a contrariar a los pequeños virreyes.
Que lo que sí es de escándalo, sobre todo en estos tiempos de escasez, falta de abasto y “aguachicoleo”, es el manejo discrecional que hacen de muchísimos pozos de agua, tema en el que estos poderosos comisarios deciden a quién sí y a quién no se le distribuye líquido y cuánto; qué tanto se les cobra a los usuarios (que no tienen mayor alternativa ante esta necesidad fundamental) igualmente sin darle explicaciones a nadie.
Por encima de la Ley Orgánica Municipal, es la ley del rancho con sus usos y costumbres, por cierto predominantemente machistas, lo que impera por encima de las legislaciones superiores que todo el mundo se hace de la vista gorda para no aplicar. ¿Quién manda, pues, en los 125 municipios?
