Que uno no se explica cómo los pretextos más extraños son utilizados políticamente en el Estado de México mientras la ciudadanía “paga el pato” de megabloqueos carreteros por claros intereses políticos escudados en argumentos de seguridad, movilidad y ahora hasta de un caso de abuso sexual ¡ocurrido en Hidalgo!
Resulta que la falta de vinculación a proceso penal al empresario y pastor evangelista Arturo William, conocido como Willy, y a su esposa Eva, señalados de violar a dos de sus sobrinas en la entidad vecina, propició las manifestaciones que sofocaron ayer a los valles de México y Toluca.
Que, sin embargo, los hechos van más allá. Hay quienes señalan que Fernando Vilchis Contreras, diputado federal por el PT y líder del autodenominado “Grupo de los 300”, junto a su tío Germán Contreras, dirigente de la asociación en Zimapán, Hidalgo, donde ocurrió el abuso, fue la mente maestra para casualmente realizar en la entidad mexiquense, y no allá, la desquiciante movilización con los camiones del sindicato.
Quizá el numerazo haya derramado ya el vaso para las autoridades mexiquenses, pues está claro que desde el más alto nivel estatal no podrán permitir que les sigan “mostrando músculo” para negociar pretensiones políticas ni de otra naturaleza, incluyendo algún borrón y cuenta nueva en los cargos ocupados en el pasado y de los cuales hoy brotan irregularidades como en una cloaca. ¿Si el pretexto es pedir justicia, tal vez se las apliquen?
Que ayer, hasta el límite del plazo se mantenía en la incógnita la lista final de “aspirinas” a los 91 cargos de elección en el Poder Judicial mexiquense. Recordemos que en conjunto los comités de evaluación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial recibieron mil 922 solicitudes para participar por alguno de los 91 lugares. A ver cómo les fue con esa ingente tarea de los filtros.
Que el grupo parlamentario del PRI impulsa garantizar que los programas sociales para los mexiquenses sean permanentes y con presupuesto asegurado. El diputado priista Mariano Camacho propuso en el Congreso reformar la Constitución estatal con este fin, especialmente en programas de beneficio a la calidad de vida de las mujeres vulnerables.
