Que tras los sainetes político-legales que no cesan en el caso Ocuilan, donde su alcalde electo está tras las rejas procesado por plagio y se disputan agriamente la titularidad temporal del cabildo, hay de plano un hedor de fondo que explicaría por qué la lucha tan encarnizada por el “podercito” local. Y es que, es sabido, en esa zona campean agrupaciones con perfil de crimen organizado, amén del pingüe negocio de la tala clandestina, que nadie ha podido parar y en el que los delincuentes claramente cuentan con apoyo.
Que las diversas convocatorias del INE y el IEEM para que la gente obtenga un trabajo como capacitador, supervisor y otras plazas temporales en elecciones, volverán a poner sobre la mesa el abuso de prácticamente todos los partidos en afiliar como militantes “voluntariamente a fuerzas” a mucha gente que ni enterada está de que forma parte de algún instituto político, y que al tratar de obtener estos empleos son rechazados en automático. En este incipiente proceso ya hay varios casos de este abuso de los partidos.
Que durante una mesa de análisis en la Legislatura estatal en materia de Alertas de Género, la titular de la Semujeres, Martha Hilda González Calderón agradeció a las y los diputados locales los trabajos en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pero dijo que si bien se ha avanzado en la parte correctiva y de atención, hace falta trabajar en lo preventivo.
Que la diputada Karina Labastida Sotelo coincidió en que hay temas que deben ser atendidos coordinadamente por los tres órdenes de Gobierno, pero como poder Legislativo, aún hay tareas pendientes para posibilitar una mejor vida para las niñas, adolescentes y mujeres. Erradicar este flagelo debe ser una prioridad para poder avanzar hacia un auténtico desarrollo con visión de género en la entidad.
Que a fin de ofrecer servicios con perspectiva en derechos humanos, además de prevenir y atender la violencia contra la mujer, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), cuenta con estrategias en salud mental para víctimas e infractores, así como intervenciones para la prevención de la violencia en la adolescencia y juventud. Estos servicios gratuitos sin duda contribuyen a reducir el impacto social.
