Que la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel del 17.09 por ciento al jitomate mexicano —que entró en vigor este 14 de julio— no solo es un revés comercial, sino un ataque directo a la viabilidad económica de miles de productores, especialmente en Jalisco y Sinaloa, donde el fruto es un pilar para los empleos y desarrollo regional. Las declaraciones de Roberto Miramontes Mariscal, director de Agrifood Alliance, dibujan la crudeza del escenario: “Los márgenes no dan para esto”. Y es que, como detallan los datos, el 90 por ciento de las exportaciones mexicanas de jitomate tienen como destino Estados Unidos, con un valor anual de 2 mil 800 millones de dólares.
Que el anuncio de que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (AIG) superará los 20 millones de pasajeros en 2025, es decir, un crecimiento del 5.6 por ciento tan solo en el primer semestre, es una noticia que debería aplaudirse. Perooo detrás de este hito operativo se esconde una contradicción: ¿De qué sirve ampliar la capacidad aérea si el caos en tierra persiste? Es decir, celebrar sin resolver la movilidad terrestre es como inaugurar un estadio sin salidas de emergencia.
Que el “Taller para el fortalecimiento de capacidades de negociación en sacerdotes y agentes”, que se realiza estos días en la Universidad Pontificia de México, marca un hito en la compleja relación entre Iglesia, Estado y crimen organizado. La postura del Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, va a ser clave para entender este enfoque inédito, especialmente tras la petición del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para que los padres denuncien amenazas. El taller, encabezado por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, busca capacitar a 40 sacerdotes y 30 laicos de zonas críticas como Acapulco, Guadalajara y Morelia para establecer “acuerdos pastorales” con grupos criminales. El objetivo: garantizar seguridad mínima para las comunidades y el libre ejercicio del ministerio religioso, especialmente en zonas rurales donde el Estado está ausente.