Que la noticia de que Caabsa Eagle deberá remediar los vertederos de Los Laureles y Matatlán en Tonalá, con una fianza de 341 millones de pesos y un plazo de 24 meses, es la puntilla final a tres décadas de impunidad ambiental y poder monopólico. Este acuerdo, presentado como un “acto de justicia ambiental” por el gobierno de Pablo Lemus, en realidad es la capitulación forzada de una empresa que perdió su hegemonía tras ser expulsada de municipios clave, arrinconada por denuncias penales y abandonada por sus aliados políticos.
Que tras el fuerte desacuerdo en la Junta Metropolitana de Planeación sobre la Agencia de Gestión de Residuos, se convocó a una sesión extraordinaria. El objetivo: convencer a Tlaquepaque de aceptar la propuesta, vetada por su único voto en contra (de 12 posibles). Expertos advierten que debe primar la diplomacia para evitar que el conflicto llegue a la mesa federal. Si se reintroduce el tema sin consenso, se teme que Tlaquepaque busque el apoyo de la Sedatu (única instancia federal en la junta), lo que comprometería futuros trabajos metropolitanos.
Que el alcalde de Tequila, Diego Rivera, enfrenta una crisis nacional. Rumores sobre su gestión se materializaron en una investigación de la FGR: presuntamente se apropió de las instalaciones del Museo del Tequila (que tiene en comodato) y realizó remodelaciones violando las normas del INAH. Ahora es un paria dentro de Morena, debe comparecer ante diputados, y las denuncias que llegaron al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y al fiscal Alejandro Gertz Manero, amenazan su continuidad en la alcaldía.
Que la iniciativa de la bancada de Miguel de la Rosa (Morena) en el Congreso para garantizar el 3% del presupuesto estatal a pueblos originarios es un avance necesario, pero llega con una demora inexplicable que revela despriorización institucional. La reforma federal se aprobó en septiembre de 2023; nueve meses después, Jalisco inicia el proceso para cumplirla. Parece un acto electorero.
