Que mientras el mundo se distrae con alineaciones futboleras y tuits de Trump, en Guadalajara se libra una batalla real: comunidades de Juanacatlán, El Salto y Tlajomulco exigen frenar la termoeléctrica en el Río Santiago, un proyecto que califican de “mega proyecto de muerte”. ¿Por qué las autoridades insisten en obras que profundizan crisis ambientales históricas, mientras presentan reformas judiciales (como la del Supremo Tribunal) bajo el discurso de “modernización”? La protesta no es solo contra chimeneas: es un grito contra la sordera institucional. Si el diálogo de este sábado en El Salto se convierte en otro acto simbólico, Jalisco confirmará que prefiere maquillar leyes antes que escuchar a quienes defienden el agua y la vida.
Que rectificar es necesario. Ofrecemos una disculpa a Ricardo Rodríguez (no Roberto Fernández) y a nuestros lectores por el error en el nombre ayer. Hoy, su renuncia como tesorero de Guadalajara confirma lo publicado aquí, pero ¿qué hay detrás? Aunque algunos especulan sobre rupturas internas en MC, hasta ahora prima lo institucional. Incluso, el gobernador Pablo Lemus Navarro ya anunció que en días próximos asumirá una tesorera —como también adelantamos—. La clave será si este relevo garantiza transparencia o refleja ajustes de poder. Por lo pronto, que el proceso se resuelva sin guerra sucia es un mínimo esperable.
Que mientras Jalisco debate una reforma clave en acceso a la información, los comisionados del ITEI, Pedro Rosas y Salvador Romero, abandonan a la presidenta Olga Navarro en eventos públicos, fracturando la institucionalidad. La división, ya irreconciliable, revela prioridades opuestas: ¿defensa del derecho a la información o carrera por loft políticos? Uno de ellos está enfocado en ser magistrado de circuito y parece anteponer su ascenso judicial al deber de garantizar transparencia. En momentos donde el ITEI debería unirse para fortalecer la rendición de cuentas, su silencio cómplice y las ausencias estratégicas pintan un escenario desolador.
