Que el fantasma de la puerta giratoria regresó, pues ayer más de uno se sorprendió al saber que uno de los detenidos por la masacre en el anexo de Irapuato, el primero que fue identificado por sobrevivientes de este hecho, fue uno de los que una juez de Puentecillas decidió liberar junto con otros detenidos en el operativo de Celaya relacionados al cártel de Santa Rosa de Lima.
Pero no es la primera vez que esto sucede, ni solo ocurre en la instancia del fuero común, nos cuentan que en operativos realizados por la Guardia Nacional en el estado de Guanajuato, tras su puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal, los mismos detenidos piden su pronta remisión pues hasta calculado tienen el tiempo en que serán liberados tras su aseguramiento. Ahora se entiende por qué, la violencia no cesa en el estado.
Que hablando de seguridad, el que ayer se voló la barda es el alcalde de Silao, Antonio Trejo, quien salió a anunciar con bombo y platillo que la Dirección de Seguridad Ciudadana ahora se llamará Secretaría de Seguridad Municipal, con la idea de mejorar las condiciones de los policías y los recursos que se destinan a la corporación.
La escena parece salida de la película mexicana la Ley de Herodes, rayando en el populismo charro, como si el cambio de nombre fuera necesario para mejorar la corporación y la atención que esta da a los silaoenses que por cierto no es la mejor.
Que ayer la senadora por Guanajuato, Alejandra Reynoso, en sesión virtual de la Comisión Permanente del Senado se refirió a la seguridad en Guanajuato y refrendó la intención del estado de trabajar de manera coordinada con las instancias federales.
Al mismo tiempo, en la entidad, los integrantes del Partido Verde, que tienen representación en los 46 municipios del estado encabezados por su dirigente Sergio Contreras, firmaron un manifiesto en el que hicieron un llamado para que el gobierno federal y estatal dejen a un lado sus diferencias político-partidistas para trabajar en pro de la seguridad.
