Que nos cuentan que aunque una jueza federal concedió la suspensión definitiva para evitar su desaparición, también señaló como parte de sus observaciones varias deficiencias en el diseño y operación del Fidesseg, dejando entrever que su estructura actual podría no ser sostenible a largo plazo.
Uno de los puntos más relevantes a saber es la excesiva influencia de empresarios en la toma de decisiones. El requisito de que al menos tres de estos cinco consejos avalen la incorporación de nuevas fundaciones limita la participación de otras organizaciones civiles, lo que concentra el poder en un grupo reducido de actores.
Que este diseño, según la resolución, podría generar sesgos en la selección de proyectos y privilegiar intereses específicos en lugar de promover un esquema más plural e incluyente. Otro aspecto es la dependencia de las fundaciones para canalizar proyectos, lo que restringe la participación de otros actores sociales o gubernamentales.
Además, se cuestionó la doble función de estas fundaciones como presentadoras y ejecutoras de proyectos, ya que esta situación puede generar conflictos de interés al priorizar iniciativas propias sobre proyectos externos de mayor impacto social.
Que también la jueza destacó que este diseño limita la imparcialidad en la evaluación de propuestas y centraliza el poder en unas pocas organizaciones, debilitando la transparencia y los principios de rendición de cuentas que deben regir el manejo de recursos públicos.
Y aunque la resolución judicial garantiza temporalmente la continuidad del fideicomiso, las observaciones realizadas abren una discusión sobre la pertinencia de mantener un modelo que, según sus propios términos, parece ser poco eficiente y vulnerable a intereses particulares, eso nos dicen los que saben.
