En diciembre parecía que el Congreso del estado iba a dar un buen -y muy esperado- regalo de Navidad, pero el Grinch tuvo éxito y lo arrebató en el último minuto.
Todo listo y encaminado para que las terapias de conversión, aquellas que supuestamente “sirven” para cambiar la orientación sexual de quienes no son heterosexuales, fueran prohibidas y sancionadas en Jalisco, pero el ruido de unos cuantos que pedían su derecho a continuar con estas prácticas, que estigmatizan a quienes integran la población LBTQ+, hizo mella en los legisladores que terminaron por doblar las manos en un asunto que es de gran importancia en el camino hacia el respeto de sus derechos y de su persona.
El reclamo de algunos ciudadanos terminó opacando la iniciativa, y nuevamente el reconocimiento de las personas LGBTQ+ en la sociedad quedó en un segundo plano.
El tema volvió al cajón en el que estuvo mucho tiempo antes de este intento por hacerlo prosperar.
La propuesta vuelve a estar sobre la mesa, pero ahora en el Senado de la República, donde avanza para que se castigue con de dos a seis años de prisión a quien lleve a cabo este tipo de terapias, y la sanción aumentaría al doble si son en contra de menores de edad, adultos mayores o con capacidades diferentes.
También considera multas de mil a dos mil veces (86 mil 880 a 173 mil 760) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien realice, obligue o imparta las terapias y los profesionales de la salud que incurran en estas prácticas serán suspendidos por tres años.
Este tipo de terapias fomentan la discriminación sexual al considerar que las personas LGBTQ+ presentan algún tipo de enfermedad, por lo que, además de ser víctimas de la estigmatización social, pueden desencadenar problemas de salud mental a quienes son sometidos a éstas: ansiedad, depresión y hasta terminar en el abandono del hogar o incluso el suicidio.
Una encuesta realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación revela que más del 50 por ciento de las personas LGBTQ+ ha tenido un pensamiento suicida en algún momento de su vida; y por miedo a ser agredidas, el 76.6 por ciento no expresan el afecto a su pareja en público ni demuestra libremente su orientación o identidad sexual.
Permitir las prácticas de las llamadas terapias de conversión es legitimar la opresión, la discriminación y el odio, y el derecho humano al respeto y a tener una vida libre de violencia no puede ser condicionado por el deseo de quienes insisten en continuar con estos métodos.
Ojalá que al Senado no le tiemble la mano a la hora de la hora -como sucedió en el Congreso estatal- y finalmente se dé este paso tan importante para empezar a saldar la deuda en igualdad de derechos LGBTQ+ en un país que, poco a poco, se ha ido pintando de arcoiris.
