Hay muchas razones para afirmar que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora es todo un acontecimiento. Y digo es (no fue) porque el lacónico comunicado que dirigió al Presidente de la República —sin lugar ni fecha de suscripción— no contiene la “causa grave” que justifique tan trascendente decisión, como lo exige expresamente el artículo 98 constitucional para ser aprobada, y abre amplios caminos y sinuosas veredas para que pululen todo tipo de conjeturas, suspicacias y juicios sumarios, sean contra el renunciante, los juzgadores en general, o el Presidente; lo que a nadie conviene, ni sirve para la depuración de nuestro aparato de Justicia y la salud republicana.
Y esa renuncia, inesperada y sorprendente, constituye todo un acontecimiento porque se refiere a uno de los 11 integrantes del órgano supremo del Poder Judicial de la Federación, sin que se sepa de otro caso con las mismas características.
Además, si a esa abdicación —formalmente incausada— se suma el constante asedio del presidente López Obrador a la Suprema Corte y, en general, a los juzgadores cuyas sentencias le incomodan, contra los que ha proferido un sinnúmero de insultos y descalificaciones (antes como candidato y ahora como titular del Ejecutivo) el hecho se torna particularmente grave.
Más aún: el licenciado Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha informado que en una Carpeta de Investigación se analizan movimientos de dinero que deben justificar el ahora ex ministro y algunos de sus familiares.
Por lo antes narrado, y siendo desconocida la causa eficiente de lo sucedido, se escuchan opiniones contrapuestas: unos afirman que la renuncia fue provocada por operaciones financieras del entonces ministro que pueden ser constitutivas de delito; otros aseguran que la implacable devastación de nuestras instituciones, emprendida febrilmente por el Presidente, tiene como principal objetivo someter al Poder Judicial de la Federación, habida cuenta que ya tiene así (con sus mayorías) a las Cámaras del Congreso y a otras instituciones.
En lo personal considero:
1) Medina Mora, como toda persona, tiene derecho a que se le respete la presunción de inocencia;
2) El que esa vacante favorezca al Presidente —pues podrá mandar al Senado una terna de afines a él— así como sus denuestos al Poder Judicial, no son elementos suficientes para asegurar que él por sí, o a través de sus personeros, ejerciera presión para que se diera el hecho;
3) Si el Presidente y el Senado aprobaron la renuncia sin que se acreditara “causa grave”, ambos violaron la Constitución. Si justipreciaron la causa y optaron por la opacidad buscando un menor daño para la Corte, dejan un precedente nefasto y peligroso, de vergüenza para los intervinientes, y un oscuro horizonte para la justicia.
