La impunidad es una expresión siniestra de la criminalidad cuando es por culpa del Estado, porque agravia nuevamente a las víctimas de conductas antisociales, destruye la vida comunitaria y genera más violencia. Sí, el mayor incentivo para delinquir es la impunidad.
Al no castigarse más del 97 por ciento de los delitos (denunciados) nuestro sistema de justicia sigue siendo un fracaso total, venido de lejos.
Si hablamos de la justicia civil, administrativa, mercantil, familiar, laboral y muchas más, el desastre también es desesperante.
En toda institución se dan actos venales, pero las diarias y arteras agresiones de Tartufo a los juzgadores son la cantaleta tramposa y babeante de quien trata de cooptarlos y someterlos a su simulada transformación.
En efecto, ante la insuficiencia de recursos humanos y materiales en los órganos obligados a garantizar (como primerísima responsabilidad del Estado) la vida, la salud y los demás bienes de los gobernados, culpar de todo al Poder Judicial es la salida fácil del gobernante inepto, corrupto y falaz.
Si las policías municipales prácticamente no existen en gran parte del país, si las estatales están reducidas a su mínima expresión, si las fiscalías (empezando por la FGR) y los poderes judiciales no cuentan con los recursos para realizar sus tareas como lo establece la ley, resulta rufianesco culpar desde Palacio Nacional a los juzgadores.
Sí, los Presupuestos de Egresos de la Federación los aprueba la Cámara de Diputados, pero los elabora el Ejecutivo federal y su aprobación es un mero trámite para los reptantes oficialistas.
Quien visite a las fiscalías y juzgados del país comprobará la desastrosa realidad: los obligados a integrar las carpetas de investigación por los delitos denunciados, o de llevar los diversos procedimientos jurisdiccionales, reciben sus oficinas (sin el personal ni los recursos indispensables) con varios cientos de expedientes rezagados, y diario se les acumulan nuevos casos por resolver.
Esa saturación abrumadora hace imposible la pronta, expedita y verdadera impartición de justicia.
¿Qué habría sucedido, por ejemplo, si los muchos cientos de miles de millones de pesos dilapidados en la criminal cancelación del aeropuerto de Texcoco y en las construcciones del desolado AIFA y de Dos Bocas, presta a contaminar, se hubieran aplicado a fortalecer los cuerpos policíacos, las fiscalías y los juzgados del país? No habría masacres diarias y tantos desaparecidos, ni tantas mujeres ultrajadas y asesinadas.
No estaría el preciado bien de la justicia tan lejos de los gobernados.
Pero ese cambio no vendrá mientras sigan destruyendo a México el odio y la mentira, la ineptitud y la corrupción cínica, el despilfarro con fines electoreros y la insolencia oficial más perversa y pedestre de la historia nacional.
Diego Fernández de Cevallos
