La consulta popular es un mecanismo jurídico de gran calado democrático que permite a los ciudadanos intervenir en importantes decisiones de gobierno, “en los términos fijados por la Constitución y las leyes”.
Para nuestra desgracia —como sucede en otros ámbitos de la vida nacional— este valioso instrumento, apenas nació, fue mancillado por las propias autoridades. Son ejemplos de ello las grotescas simulaciones de “consultas” hechas por López Obrador para tratar de justificar la cancelación de un aeropuerto, la construcción de una refinería en un pantano y la del folclórico trenecito maya, queriendo endosar su responsabilidad al “pueblo bueno” de lo que en realidad son quebrantos multimillonarios para satisfacer los caprichos de quien encabeza la mafia del no poder y postergando, estos miserables asesinos, la compra de medicinas que salvarían a niños con cáncer y a dolientes de otras enfermedades.
Como si lo padecido fuera de poca monta, la corrupta e incompetente canalla, con la penosa complacencia de algunos ministros de la Corte, avanza en sus tropelías en medio del cinismo, la incongruencia y las maromas distractoras del humilde e indigente tartufo, ese del “amor y paz”, que no quiere perseguir a ex presidentes ni es su fuerte la venganza, pero que promueve como loco la perversa, inútil y costosa chapuza. ¿500 millones de pesos dilapidados para un engaño es “austeridad republicana” o criminal corrupción?
Faltan cuatro semanas para esa imbecilidad donde se consultará al ciudadano: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Esa parrafada cantinflesca le hará saber al mundo que aquí se consulta a los ciudadanos si las autoridades han de hacer o no lo pertinente; si lo harán o no conforme a la ley; si deben esclarecer o no las decisiones políticas tomadas por millones de “actores políticos” desde la Independencia (hace 200 años) hasta 2020, y todo ello para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
Frente a tal depravación legal, política y moral —sin precedentes—, los ciudadanos conscientes debemos desoír el llamado oficial de participar en esa pérfida maniobra. El artículo 35 constitucional ordena que será vinculatorio el resultado de una consulta si acude a votar 40 por ciento o más de los inscritos en la lista nacional de electores. Cada voto en contra abonará para lograr tal porcentaje.
Sin importar el resultado de la consulta, el ataque al INE y la persecución a líderes opositores (al estilo de Nicaragua) llevan odio, y nada los detendrá. _
Diego Fernández de Cevallos
