El 31 de julio de 2015 fueron asesinadas cinco personas en la colonia Narvarte de Ciudad de México. Las víctimas del múltiple feminicidio y homicidio fueron la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Meses antes, a causa del acoso y la persecución del gobierno de Veracruz, dos de las víctimas, Nadia y Rubén, habían dejado la entidad para refugiarse en la capital ya que sus círculos cercanos, como ellos mismos, consideraban que sus vidas corrían peligro.
Por eso, las sospechas naturales de la opinión pública giraron de manera natural en torno a una venganza contra estas víctimas que habían enfrentado a las mafias políticas y criminales de su estado.
En lugar de seguir esa línea, la entonces Procuraduría del Distrito Federal se avocó a montar un operativo mediático para criminalizar a otras dos víctimas, Yesenia y Mile, atribuyéndoles, a través de ruines filtraciones, vínculos delictivos irreales que jamás constaron en expediente, pero que sirvieron para generar estigmatización y no investigar a fondo.
Así, en lugar de esclarecer los hechos y proteger a las víctimas, se enturbió el proceso y ayudó a los victimarios con una nebulosa de mentiras que derivó en la detención de tres personas y una teoría de que éstas habían acudido a robar una maleta cuyo contenido hasta hoy se desconoce, aunque la anterior procuraduría filtrara a la prensa que contenía droga, pese a que esto nunca fue acreditado de manera formal.
Y al pensarla, la teoría es inconsistente y hasta ridícula: si los detenidos querían la maleta, ¿por qué también torturar y asesinar con tanta saña a cinco personas, a plena luz del día y en una zona tan céntrica en la que nunca había ocurrido una masacre así?
Si Ayotzinapa lo ha sido a nivel nacional, el caso Narvarte, en el ámbito de las instituciones capitalinas, parece exhibir, sino una conspiración, por lo menos una oscura costumbre judicial, policial y pericial por ocultar la verdad, en lugar de buscarla.
Hace unos años, la fiscal Ernestina Godoy prometió tomar en serio esta investigación. Por lo pronto, familiares y abogados de las víctimas anunciaron que hoy darán a conocer hallazgos de un caso que pone a prueba la justicia actual.
Diego Enrique Osorno
