A finales de 2008 el gobierno de Humberto Moreira empezó a ser observado con mayor detalle por las agencias de seguridad de Estados Unidos. El 10 de diciembre de ese año, fue secuestrado en Saltillo, Félix Batista, un ex mayor del Ejército estadounidense que había dirigido una unidad de inteligencia militar antes de trabajar como especialista en secuestros para la consultora ASI Global.
De acuerdo con el anuncio de búsqueda difundido por el FBI, Batista estaba negociando el secuestro de Pilar Valdez, jefe de seguridad del Grupo Industrial Saltillo, cuando recibió una llamada de éste diciéndole que ya había sido liberado por sus captores. El especialista estaba en ese momento en un restaurante, donde dejó su teléfono celular, tarjetas de crédito y demás documentos para salir a ver a alguien vinculado al caso, pero fue sometido por cuatro hombres y subido a un jeep. Una hora después Valdez fue liberado pero Batista sigue oficialmente desaparecido hasta el día de hoy.
Poco más de un mes después del suceso, el 21 de enero de 2009, el entonces Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, Bruce Williamson, elaboró un reporte sobre el caso de Batista, basándose en sus encuentros directos con el propio Moreira. Williamson cuestiona en el escrito confidencial – consultado a través de wikileaks- al entonces Fiscal General de Coahuila, Jesús Torres Charles, por tratar la desaparición de Batista “como un caso más de personas desaparecidas y hacer una investigación mínima”. Hay otros apartados del escrito en los que el funcionario estadounidense expresa su desconfianza hacia Torres Charles.
Para el cónsul Williamson estaba claro que el secuestro había sido cometido por Los Zetas y que las posibilidades de encontrar con vida al ex militar eran “escasas”. Valdez, el jefe de seguridad cuya libertad había negociado Batista, declaró oficialmente que sus secuestradores creían que el militar estadounidense estaba pasando información sobre la organización criminal a las autoridades federales mexicanas.
A raíz de eso, el 11 de junio de 2009, el Consul Williamson envió un cable confidencial al Homeland Security en el que explica las medidas que se estaban tomando en Nuevo León y Coahuila ante la violencia desatada por los grupos criminales. Menciona que un día antes el entonces gobernador Humberto Moreira les había dado a conocer que a petición suya la secretaría de la Defensa Nacional había mandado 9 oficiales militares de alto rango para encargarse de tres puestos clave de la seguridad estatal y del mando policial en seis ciudades importantes de Coahuila.
De acuerdo con el relato, Moreira visitó al Cónsul en sus oficinas en Monterrey para explicarles su plan a detalle, el cual abarcaba también la construcción de cuarteles militares en la llanura, así como una base de la marina en el lago fronterizo de Ciudad Acuña con Del Río, Texas. Aunque no menciona su nombre, el Cónsul vuelve a resaltar la desconfianza existente hacia Torres Charles: “El gobernador repitió declaraciones pasadas que nos ha hecho en el sentido de que en materia de seguridad no confiaba en nadie excepto en el ejército mexicano, excluyendo deliberadamente a su recién nombrado fiscal general del estado de esa lista”.
Dos semanas después, el Consul Williamson escribe un nuevo reporte para informar de una reunión a la que habrían asistido todos los mandos policiales de Coahuila y representantes de la RSO, DEA, ICE, el FBI y la ATF. Moreira y Torres Charles aseguraron que los secuestros habían bajado en los meses recientes en el estado, aunque reconocieron que en la región de La Laguna seguían teniendo problemas porque los cuerpos policiales trabajaban para Los Zetas. En el encuentro Moreira cuestionó el flujo de armas de Estados Unidos a México, lo que hizo intervenir al representante de la ATF, quien explicó sus iniciativas en marcha. También pidió aumentar la capacitación de agentes estatales por parte de instancias estadounidenses dentro de la Iniciativa Mérida.
Ante la sugerencia del Consul Williamson de reforzar la colaboración con Estados Unidos, Moreira le dijo que buscaría al gobernador de Texas, Rick Perry, en la Reunión de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos que tendría lugar en Monterrey el 6 de septiembre de ese año. Uno de los objetivos era tratar con el mandatario texano el reforzamiento de un grupo binacional de intercambio de información policial.
Al término de la reunión, Torres Charles pidió al Cónsul Williamson quedarse un momento para tratar el caso Batista. El Fiscal le dijo que de acuerdo con información de inteligencia que habían obtenido, el ex militar estadounidense habría sido asesinado pocos días después de su secuestro y su cuerpo había sido “cocinado”. Como responsable de este acto había sido señalado un jefe del Cártel del Golfo apodado Tatanka, quien había sido detenido previamente por el Ejército. Le dijo además que estaban por ser detenidos otros dos participantes en el crimen, los cuales serían puestos a disposición del FBI.
Al final, el diplomático escribe el siguiente comentario en su reporte: “Es una señal positiva que el gobernador ha puesto en contacto con el consulado en un esfuerzo por promover vínculos más estrechos con las fuerzas del orden del gobierno de Estados Unidos. Dicho esto, Coahuila no hizo ningún esfuerzo en la reunión para proporcionar datos de contacto. Mientras averiguamos qué porciones del aparato policial han sido penetradas - o son controladas por - el crimen organizado, será difícil, pero hay varios pequeños pasos que se pueden tomar para determinar tanto la fiabilidad de nuestros posibles interlocutores y su capacidad a tomar medidas contra el crimen organizado”.
(CONTINUARÁ…)
Capítulo 10 de la serie “El lugar donde se arrastran las serpientes”
