Mucho polvo levantó el nuevo mecanismo para levantar infracciones a conductores que infrinjan el reglamento en el Distrito Federal, que se quiere trasladar al Estado de México.
El problema no está en la innovación sino en las "obligaciones contractuales" por parte del gobierno capitalino, encabezado por Miguel Àngel Mancera, y de la empresa Autotrafifc, donde destaca la obligación de cumplir con 5 mil multas diarias, un promedio de 150 mil al mes, lo que habla de una cacería, según los pormenores dados a conocer respecto del contrato, que concluirá en diciembre del año próximo.
Es un negocio que, traducido a pesos, significa 200 millones al mes, de los cuales 46 por ciento será para la concesionaria. El resto para la hacienda capitalina.
Aunque se han dado "explicaciones" de todo tipo, éstas no disipan el humo de cómo va a cumplir la empresa con sus "obligaciones" pues se trata de una labor a destajo, calculada con quien sabe qué métodos y referentes.
Por supuesto, el gobierno del Distrito Federal "aporta" su parte para que la concesionaria pueda alcanzar el promedio: un reglamento de tránsito, que entró en vigor en septiembre, elaborado con fines de lucro, recaudatorio totalmente, antes que permitir la movilidad necesaria y procurar una nueva cultura de los agentes involucrados en el tema, desde automovilistas hasta policías.
Organizaciones empresariales y dirigentes políticos han rechazado el nuevo reglamento capitalino, por considerarlo como un resorte de corrupción en el que se deja en estado de indefensión al automovilista.
Hay que aceptar que en materia de cultura vial vivimos en la época de las carretas, dicho esto más como signo de retraso que de desprecio, pero además de la cuota diaria de "fotomultas", otros espacios se dejan simplemente a consideración de los uniformados pues, como es obvio, el equipo no "alcanza" a cubrir todo el espectro.
Bien por impedir que la gente tontamente siga utilizando móviles cuando va al volante, un fenómeno que ya rebasó a los accidentes y muertes por conducir en estado de ebriedad, pero los casos del volumen del estéreo o de no llevar dos manos al volante debe revisarse y modificarse porque esto se deja a criterio del elemento y resultan normas tramposas.
Los límites de velocidad impuestos, que van de 40 a 80 kilómetros, son un exceso y no se establecieron horarios. ¿Quién va a multar a la autoridad por vías donde ni siquiera se alcanzan los 20 kilómetros u otras donde ir a vuelta de rueda es el calvario diario de miles? De algo servirían aquí los horarios, pero de lo que se trata es de recaudar y nada más, no de promover una mejor cultura vial, que es lo que se tendría que fomentar en este gran conglomerado. Las cláusulas de las fotomultas lo prueban.
