La reciente evaluación de la ONU sobre la situación de la desaparición forzada en México revela una serie de hallazgos alarmantes que exigen atención urgente.
Estos puntos críticos son un llamado a la acción.
La falta de una metodología clara y transparente para el nuevo censo de desaparecidos y la ausencia de mecanismos para la participación de los familiares de las víctimas son un reflejo de la insensibilidad institucional.
Continúa una situación generalizada de desapariciones.
La falta de una Política Nacional efectiva para Prevenir y Erradicar las Desapariciones indica una falta de compromiso para abordar este problema de manera integral.
La presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha sido objeto de críticas constantes.
La recomendación de fortalecer las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro gradual es un llamado a la desmilitarización.
La impunidad casi absoluta en casos de desaparición es un golpe a la justicia y perpetúa la falta de confianza en las instituciones.
La fragmentación en la coordinación e intercambio de información entre las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación es un obstáculo para la eficacia.
El aumento de cuerpos y restos humanos sin identificar es una afrenta a la dignidad de las víctimas y sus familias.
Se necesita una respuesta efectiva y respetuosa.
La ausencia de una base de datos efectiva es una falla grave en la identificación de víctimas y la resolución de casos.
La responsabilidad de la búsqueda e investigación recae en el Estado, no en los familiares.
La falta de protección y apoyo a los familiares es inaceptable.
Los hallazgos de la ONU son un llamado a la acción para México. La respuesta a esta crisis de desapariciones debe ser integral, incluyente y basada en el respeto a los derechos humanos.
¿Cuándo México tomará medidas concretas para abordar esta tragedia y avanzar hacia una sociedad donde la justicia y la paz sean una realidad para todos?
@perezyortiz
