Honrando nuevamente la tradición de asilo y de salvaguardar vidas como parte de su política exterior, el gobierno mexicano le abrió sus puertas a la familia del mandatario peruano Pedro Castillo, que según declaraciones del canciller Marcelo Ebrard, ya se encuentra en la embajada mexicana en Perú.
“Nosotros tenemos las puertas abiertas de México para Pedro Castillo, para su familia y para todos los que se sientan acosados o perseguidos en Perú. Esa es nuestra tradición de política exterior”, dijo este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La tradición del asilo mexicana ha sido reconocida internacionalmente, especialmente por la acogida de los españoles perseguidos por la dictadura franquista, así como por la solidaridad con los perseguidos políticos de las dictaduras militares en Chile, Uruguay, Nicaragua, Guatemala o El Salvador.
Sin embargo, la intensificación del lawfare y de la llamada “guerra híbrida” como práctica sistemática en América Latina contra las y los dirigentes nacidos de procesos populares, obliga a los gobiernos progresistas a ir un paso más allá. Defender la integración regional también debe pasar por una actuación como bloque frente a la persecución política a las diferentes izquierdas y por romper algunos “protocolos” que hasta hace poco, cuando dominaban los gobiernos neoliberales en América Latina, eran muy mal vistos.
La misiva conjunta de los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia en la que aseguraban que Pedro Castillo fue “víctima de un hostigamiento antidemocrático ” y en el que hacían un llamado a “priorizar la voluntad ciudadana pronunciada en las urnas”, fue señalada por algunos actores como una violación a la soberanía peruana. Por el contrario, no señalar el atropello al mandato entregado en las urnas constituiría una actitud cómplice con quienes atentan desde hace décadas contra la libre determinación del pueblo peruano.
Precisamente, Pedro Castillo fue electo por voto popular con la promesa de convocar a una asamblea constituyente que pusiera fin al caos político que vive Perú y devolviera una mínima gobernabilidad a un país sumido en una dictadura parlamentaria, en la que el órgano legislativo “caza” al presidente si no responde a sus intereses y cotos de poder. Por ello, no es gratuita la masiva movilización en diferentes ciudades que reclama el cierre de un congreso ilegítimo porque atenta contra los intereses del propio pueblo que lo eligió.
La solución en Perú no pasa por echar a Castillo del poder, sino por algo mucho más profundo y por supuesto democrático. Intentaron equipararlo con un dictador —a quien no dejaron manejar ningún poder del Estado, ni siquiera el suyo—, para justificar el inicio de una nueva etapa que de nueva sólo tendría algunos rostros como el de Dina Boluarte, pero con las mismas intenciones de repartición del poder, a costa de las verdaderas y postergadas necesidades del pueblo peruano; el Congreso de ese país apoya una nueva elección presidencial pero no la renovación del Legislativo, aun cuando eso signifique muerte, represión y más inestabilidad. 26 personas han perdido la vida en las protestas contra la nueva presidenta, exigiendo su salida y la liberación de Castillo.
Quienes acusan como escandalosa o inapropiada la intervención del gobierno mexicano no sólo desconocen la tradición de asilo de este país, sino que se unen al coro racista y clasista, propio de la oligarquía peruana y latinoamericana, en la que los “protocolos” pesan más que el propio bienestar de un pueblo que pide a gritos un verdadero cambio.
Daniela Pacheco
@DanielaPachecoM
