La decadencia moral y política de los sexenios anteriores no se podría entender sin la anuencia del poder judicial ligado a los neoliberales y a las mafias del poder.
El Sistema Judicial federal estuvo por mucho (con honrosas excepciones), al servicio (insisto), de las mafias del poder.
La justicia pareciera fue “la serpiente que mordía a los que andaban descalzos” parafraseando a Oscar Arnulfo Romero Obispo de los pobres.
Un poder que se siente intocable e infalible hace lo que le da la gana.
Sin contrapesos y sin escrutinio han hecho y desecho. Reflexión que nos lleva a preguntarnos como Juvenal: Quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila al vigilante?
El problema esencial fue planteado por Platón en la República, su obra sobre el gobierno y la moral nos recuerda la discusión.
Pero la verdad es que a nuestros Ministros nadie los vigila.
Existen mecanismos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con cuestiones más que nada legaloides, pero sobre las conductas de los Ministros en el arte de decidir sobre cuestiones jurídicas de trascendencia política, estás son inatacables cual ley divina inspirada por Moisés en el Monte Sinaí.
Las actuaciones de algunos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en tiempos de la 4T están quedando al margen de los cambios profundos.
Esta reflexión a propósito de los reveses que le han dado a los proyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo no es mi intención abordar el fondo de la discusión legal sino la cuestión más trascendente con miras a la próxima legislatura federal:
El juicio político a los Ministros de la Suprema Corte y a cualquier servidor público que la Constitución contemple. Mecanismos y alcances.
La importancia entonces para que el partido en el poder (MORENA) con sus aliados vayan definiendo una agenda disruptiva contra lo inamovible y el “statu quo” del poder judicial federal es prioridad.
Deben ir poniendo en la discusión el juicio político a todo juzgador federal que vaya en contra del interés público, de la legalidad y del estado de derecho.
Así entonces los perfiles de Legisladores que defiendan los principios de la 4T deben ser contestatarios y valientes como el de Lucia Trasviña en el Senado de la República o Fernández Noroña en la Cámara de Diputados.
Y en la agenda legislativa ir apuntalando un contrapeso para vigilar al vigilante.
Que se acoten los privilegios y que se regule el error judicial pues esa “intocabilidad” de los juzgadores debe acabar.
Y que respondan por sus decisiones arbitrarias e ilegales a través del daño patrimonial.
En épocas de polarización, disrupción y cambio estamos en condiciones de exigir que todos los poderes de la Unión se transformen y que ninguno se quede rezagado.
El poder soberano del pueblo así lo está demandando.
El cambio al poder judicial que se avecina no debe quedar en la retórica sino en un cambio trascendente donde la norma suprema, nuestra Constitución, sea la base tutelar de los derechos humanos en un país lleno de injusticias y de una monstruosa desigualdad social.
