Hoy es un día crucial para la justicia en nuestro país: en el Senado de la República se decidirá si se eliminan, o no, diversos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Ello significa arrebatarle a dicho poder cerca de 15 mil millones de pesos, que pasarían a la Tesorería de la Federación; es decir, a los bolsillos de la presidencia seudo imperial.
La eventual desaparición de estos fideicomisos implica un daño gravísimo al acceso a la justicia en nuestro país, porque, contrario a lo que se señala desde el oficialismo, dichos fideicomisos no son un instrumento para otorgar privilegios a los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su función consiste en garantizar las prestaciones laborales de los trabajadores del PJF, así como mantener la operación institucional en la impartición de justicia.
Este embate no es nuevo. Son constantes y evidentes los ataques que desde el púlpito de las mañaneras y las tribunas parlamentaria y mediáticas ha lanzado Andrés y su régimen en contra del Poder Judicial: desde agresiones misóginas a la Ministra presidenta de la Corte, hasta la descalificación de todo el PJF llamándolo “poder conservador”, porque no le perdonan el “gravísimo pecado” de dictar sentencias conforme a derecho.
La realidad, es que al presidente de la República le estorba el Poder Judicial, le molesta que ejerza su papel como factor de equilibrio entre los poderes del estado y no se doblegue ante sus caprichos.
La presión oficialista para “vengarse” por las sentencias apegadas a derecho es una muestra clara que a López no le gusta la división de poderes ni el equilibrio que ello implica. El presidente no entiende que vivimos en una república democrática que, necesariamente, requiere que entre las ramas del gobierno exista un ejercicio de contrapesos, para no dejar todo el poder del Estado en manos de una sola estructura o de una sola persona.
En su imaginación caprichosa, nuestro presidente sigue viviendo en el régimen de los años setentas del siglo pasado, en el que la voz presidencial era la única que contaba; no quiere darse cuenta que esos tiempos ya quedaron en el pasado, porque no corresponden al proyecto de Nación que buscamos y exigimos la mayoría de los mexicanos.
El PJF, en las últimas décadas, se ha caracterizado por hacer posible la maximización de los derechos humanos y ha sido un factor de cambio en diversos temas de importancia nacional. Hoy, su funcionamiento está en riesgo, y con él, la resolución de controversias del orden federal en todo el país. Por eso alzamos la voz.
