Uno de los más altos cargos y honores que puede tener un abogado en nuestro país es el de ser nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia. Todos los que nos dedicamos a la profesión jurídica soñamos, en algún momento de nuestra vida, con recibir tan alta responsabilidad.
Es tan importante, porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia son el último reducto de protección de la legalidad y de la Constitución, cuando los otros poderes del Estado cometen actos que están fuera de los parámetros constitucionales; y así ha quedado demostrado en varias ocasiones durante los últimos años.
En consecuencia, el equilibrio de poderes es indispensable para la vida democrática del país, entendiendo esta democracia como una forma de vida en la que se privilegia la igualdad ante la ley, la igualdad en lo económico y social y, lo más importante, la libertad del individuo ante el poder político.
Por estas razones, no deja de ser llamativa, más no sorpresiva, la solicitud de renuncia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La solicitud seguramente será aceptada, pues aunque el artículo 98 de la Constitución señala que las renuncias de los ministros solo procederán por causas graves, no se indica cuáles son dichas causas y basta que sea presentada al Ejecutivo, quien, en caso de aceptarla, la enviará al Senado para su aprobación.
Ahora bien, ya sabemos que al presidente López le pareció buena idea la renuncia del ministro Zaldívar y ya sabemos que cuenta con la mayoría necesaria en el Senado para aceptar esta renuncia.
Formalmente, Zaldívar saldrá de la Corte sin dificultades, pero no deja de ser significativo que el mismo ministro, luego de hacer pública su decisión de renunciar al cargo, aparezca con una precandidata presidencial, revelando, aunque se diga lo contrario, que esta renuncia tiene toda una intención política.
Probablemente, una de las intenciones de esta renuncia es la de permitir que el presidente López envíe al Senado una terna afín a su ideología política, a partir de la cual se nombre a un nuevo ministro que, al definir asuntos de importancia para el presidente, deje de lado el principio de imparcialidad propio de la función judicial.
Sí, el Poder Judicial ha sido golpeado muchas veces durante los últimos años y este acto es otro ataque a la institucionalidad e imparcialidad que debe ejercerse en la labor de los ministros. Ojalá me equivoque y quien ocupe la vacante haga valer estos principios.
