Para garantizar los Derechos Humanos (DDHH) a la población de un país que se precie de ser un estado democrático de derecho, el gobierno en turno debe promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos, generando las condiciones óptimas que permitan el acceso y ejercicio pleno a los habitantes de la Nación.
Incluso a estas alturas, no está de más recordar los principios que rigen a los Derechos Humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y hago esta breve consideración, apreciable lectora o lector, porque hay actores fundamentales para la construcción de México que se han olvidado por completo de sus responsabilidades en cuanto a la garantía de los DDHH.
En concreto, el derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales se ha visto flagrantemente violentado en dos vías: la disposición de eliminar al Instituto Nacional del Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), aunado a la negativa para nombrar a los comisionados para que funcione a cabalidad.
La creación de este organismo constitucional, allá por el año 2002, fue una victoria de las y los mexicanos; se consiguió que, a través del entonces IFAI, se abriera la posibilidad de conocer la información generada por la autoridades, principalmente en cuanto al dinero público.
Ese fue el primer paso en una ruta de evolución de una instancia que nos ha permitido tomar decisiones ante el actuar de nuestras autoridades y contar con mecanismos de protección de nuestra información personal, incluyendo aquella en manos de entidades públicas y en manos de particulares.
El hecho de que hoy el presidente y su grupo no quieran que el INAI funcione y exista, viola el artículo 1º de nuestra Constitución y es una clara afrenta al estado de derecho, a la democracia y a los derechos humanos: Al estado de derecho, porque sin transparencia y sin información, México volvería a un oscuro capítulo de corrupción y de impunidad, ante la discrecionalidad de las autoridades; a la democracia, porque sin información no hay toma de decisiones acertadas para el futuro de nuestra patria; y, a los DDHH, por el incumplimiento, de parte de las autoridades, de sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales consagrados en el artículo 6 constitucional.
Para la reflexión, si solo en las democracias hay derechos humanos, y en México estos derechos se están erosionando desde el gobierno federal. Entonces, ¿a dónde vamos?
