El estado de derecho, sostenido por los pilares de las leyes, las instituciones y la voluntad del pueblo, es una parte indispensable de la democracia que nace en el voto y vive en el respeto y aplicación de la Constitución y de las normas que de ella emanan.
La semana pasada, en el Congreso del Estado discutimos la necesidad de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
Estoy convencida de que la controversia es necesaria porque el citado decreto viola flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y agrede de manera directa el derecho que tienen los estados soberanos de legislar sobre su régimen interno dentro del marco de la federación y de las facultades y límites que establece el propio texto constitucional.
Debemos defender y aplicar la Constitución porque solamente respetando sus principios se garantizan la legalidad y la democracia,y hablo de democracia porque no podemos ser ingenuos; esta reforma no es un hecho aislado ni una pretensión inocente, forma parte de la estrategia del régimen obradorista para destruir los equilibrios institucionales y demoler las instituciones democráticas construidas durante décadas de participación y consenso ciudadano, con el objetivo de reemplazarlas con un avispero de caprichos, que llevan en su texto y en sus intenciones, las claras señales de la tiranía.
Ese desprecio hacia la ley los valores cívicos de una sociedad democrática se hacen patentes en el discurso cotidiano del presidente y sus seguidores; y así lo demostraron nuevamente, desde la más alta tribuna de Guanajuato, agrediendo a los medios de comunicación, denostando los principios legales y ofendiendo a las y los guanajuatenses, con el simplismo y las mentiras que el obradorismo ha convertido en costumbre.
Es público, notorio y evidente que esta reforma a la Ley General de Comunicación Social forma parte de ese mismo esfuerzo, al que han bautizado como el plan B del presidente tras el fracaso de su intento de reforma constitucional en materia electoral.
