La cuarentena obligada para prevenir el contagio de coronavirus ha tenido repercusiones en el incremento de la violencia contra las mujeres.
Urge frenar esa espiral con medidas eficaces para salvaguardar tanto el derecho a la salud como el derecho a vivir sin agresiones y con pleno acceso a la justicia.
Y que el aislamiento social es la mejor forma de prevenir contagios de covid-19, pero el hogar no es seguro para todas las mujeres.
Ana Lucía Díaz, activista del organismo no gubernamental Equis. Justicia para las Mujeres, comentó en días recientes que para una niña o una mujer que ya vive una situación de violencia, sea física, emocional o sexual, el encierro implica que van a pasar más tiempo con sus agresores.
Destacó que un segundo factor es que las crisis económicas pueden generar frustración, miedo al desempleo y estrés ante las dificultades de cubrir las necesidades del hogar.
Sin embargo, las redes de apoyo tienden a reducirse. Todos estamos lejos de nuestras familias y amigos. El organismo en mención hace ver que la vulnerabilidad se agrava por la suspensión de labores de los poderes judiciales, encargados de protegerlas.
De acuerdo con los resultados del Informe de Equis. Justicia para las Mujeres, denominado “Desprotección Judicial en tiempos del Covid-19”, 84.4% de los poderes judiciales están reprobados en garantizar la protección y el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia, pues suspendieron labores sin contemplar el funcionamiento de los recursos legales para prevenir y frenar la violencia.
“Si bien se entiende la suspensión de labores judiciales para proteger la salud de las personas, esta tiene que diseñarse de tal forma que no implique desproteger el derecho a una vida libre de violencia o el acceso a la justicia para las mujeres”, advierte el reporte.
Expone que en un contexto donde las medidas de aislamiento aumentan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia, la protección de sus derechos y el establecimiento de mecanismos de prevención, denuncia y atención para las víctimas, es una de las principales obligaciones de los poderes judiciales, tal como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El llamado es a establecer un piso mínimo de protección para las mujeres en el contexto de la contingencia. _
