Tu derecho termina donde empieza mi derecho y el mío finaliza donde comienza el de los demás, dice un principio jurídico universal que no están entendiendo los maestros tamaulipecos al violentar a la niñez privándola de la educación.
Y es que los profesores del estado tienen derecho a protestar pero no a dejar a sus alumnos sin clases, pues con ello vulneran garantías constitucionales y prácticamente están tomando a la niñez como rehén de un conflicto que no termina de resolverse.
El movimiento que encabeza el dirigente de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, fue demasiado lejos y deja ver que hay otros intereses de fondo y se usa a los agremiados para sus fines.
Es ingenuo creer que solo defiende los intereses de los docentes que representa, demandas que, dice, no han sido atendidas y lesionan la economía de los trabajadores de la educación.
Habrá que ver hasta dónde llega con todo esto y si la dirigencia nacional en manos de Alfonso Cepeda Salas respalda sus acciones o se desmarca, pero se está tardando en reaccionar.
Arnulfo quiere que renuncie la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor. Visceral, arremete contra una mujer y la quiere poner contra las cuerdas.
Tamaulipas regresó a arcaicas prácticas sindicales que no se veían en casi tres décadas. El pliego petitorio no suena convincente y se desdibuja lo que se quiere vender a la opinión pública como un reclamo justo.
La rebelión victimiza a estudiantes de nivel básico que apenas comenzaban el nuevo ciclo escolar y cuyos padres sufrieron económicamente para proveerlos de uniformes, útiles y todo lo necesario para continuar su educación.
En México, el Artículo 3o. Constitucional dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, en su nivel primaria y secundaria, es obligatoria.
A su vez, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es clara al señalar que todo infante tiene derecho a la educación y se debe proteger ese interés superior.
En estricto sentido de la ley, la autoridad podría echar mano de la fuerza pública para recobrar el orden, lo que seguramente calificaría el sindicato como represión, pero alguna solución se debe tomar ya.
