México encabeza, globalmente, el terrible problema del sobrepeso y obesidad, con sus repercusiones: diabetes y enfermedades coronarias, entre otras.
Se han hecho intentos por lograr moderar el consumo de productos que favorecen esta condición, sin lograr los resultados deseados. Intentos más en el orden legal que de otra forma.
Particularmente, se ha incrementado el impuesto a las bebidas azucaradas en aras de limitar su consumo.
No obstante, el problema de salud pública por sobrepeso no se ha reducido significativamente. Y ahora, sumergidos en la epidemia de la obesidad, la pandemia por el COVID 19 ha colocado a nuestro país contra la pared.
No sólo ha sido vía impuestos, también por leyes que limitan la venta de productos de los llamados “alimentos chatarra” en las escuelas, impidiendo que sobrepasen una cantidad de calorías por empaque. Además, los empaques de productos, como cereales y otras golosinas, deben colocar advertencias sobre el contenido calórico, de grasas o azúcares.
Este mes, en Oaxaca y en Tabasco se aprobó la prohibición de la venta de productos chatarra a menores de edad, tal y como, se supone, se aplica al tabaco y alcohol; habría que cuestionarnos si esto ha funcionado.
Han sido muchos los esfuerzos y pocos los resultados. ¿Será que la vía de solución es otra y no la legal?
La epidemia por mala alimentación no es reciente, la padecemos desde antes de la pandemia. Simplemente volvió más evidente lo ya soslayado: en México tenemos una educación limitada y más malnutrida que la misma población.
Han sido décadas de adelgazamiento al sistema educativo que no sólo ha vuelto precarias las condiciones, sino los contenidos.
Ya he mencionado sobre cómo se perdieron asignaturas y profundidad en la formación básica, que ha producido generaciones que reflexionan poco y obedecen mucho, sin cuestionarse por qué. Éste ha sido el mecanismo más eficaz implantar y perpetuar las diferencias sociales y económicas.
Casualmente, entre más ignorante la población, menos oportunidad y acceso al desarrollo, y más dependencia del gobierno.
Así pues, de poco servirán leyes que pretendan acabar, por decreto, con problemas cuya raíz está en otro lado.
