El proyecto de reforma al Poder Judicial federal no pasa la menor prueba comparando sus objetivos y la realidad.
Con esto no desconozco la necesidad de que se mejore el sistema judicial en México y que se erradiquen las prácticas irregulares que aún perduran, pero esto no justifica una destrucción de lo avanzado hasta ahora.
El primero de los objetivos del proyecto obradorista sostiene que se busca eficiencia, austeridad y transparencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero mientras que en el Poder Judicial federal no se conoce de desvíos de recursos ni mal uso de dinero, en el Poder Ejecutivo hay sobreprecios de dos y hasta tres dígitos en los grandes proyectos que demuestran la ineficacia en el promotor de la reforma.
En el tema de transparencia mientras que la Suprema Corte de Justicia publica desde que recibe cualquier recurso y hasta las sentencias, haciendo del conocimiento público todos sus acuerdos, en el Poder Ejecutivo se oculta información al “reservar” desde contratos a proveedores y hasta estudios previos de las obras faraónicas.
En el segundo de los objetivos de la reforma se habla de que se busca dar legitimidad democrática a los impartidores de justicia, pero no justifica por qué ni para qué. Cualquiera que conozca un poco del sistema judicial sabe que los jueces no representan a los ciudadanos, ni a estado ni demarcación, no son para eso, sino que son garantes de que se cumplan las leyes y se respeten los derechos de los ciudadanos, y para tener independencia de criterio necesitan no haber sido apoyados ni impulsados por poderes reales o fácticos, lo que sí ocurrirá muy posiblemente si en el futuro son electos en procesos abiertos.
El procedimiento actual para ser juez, magistrado o ministro implica aprobar una serie de filtros y evaluaciones técnicas que seguramente tiene fallas, que tiene casos de favoritismo -como ya se vio con las Ministras Batres y Esquivel-, pero que al abrirlo a solo necesitar el apoyo popular provocará que puedan ser juzgadoras personas de muy bajo perfil académico y poco conocimiento jurídico siempre que tengan el apoyo del régimen, al crimen o de allegados a ambos. En una semana, los otros despropósitos.
