Además de Trump que nos tiene en alerta permanente, ahora en Nuevo León vivimos la alerta de género. Algo inédito en el estado.
¿Cómo entendemos lo que esto significa? Por un lado, la declaración de una alerta de género tiene que ver con la alta incidencia de feminicidios, entendido esto como cualquier acción o conducta que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, por cuestión de su género.
En segundo lugar, con la obligación que tiene el Gobierno del Estado para establecer acciones de emergencia que permitan enfrentar el problema, según lo mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), vigente y de observancia general para toda la República.
Nuevo León se halla en alerta de género declarada para cinco municipios: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Cadereyta y Juárez. (Curiosamente no se encuentra García cuando que el número de mujeres muertas supera a Cade-reyta. Por algo será).
Organizaciones sociales presentaron la demanda ante el Sistema Nacional de Violencia, después de cinco años de terca insistencia. La alerta fue emitida el 18 de noviembre pasado, y la mesa interinstitucional a la que el caso obliga, conformada por autoridades, hasta el miércoles de la semana antepasada.
De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado, la violencia feminicida es la forma extrema de violación de los derechos humanos de las mujeres, perpetrada por un conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidios y otras formas de muerte violenta.
De entrada se refiere a una violencia estructural, culturalmente aceptada, de dominio y poder del hombre sobre la mujer, situación a la que no se le reconoce ni tampoco con la seriedad necesaria, de parte de quienes deben atenderla.
También mandata a estado y municipios a coordinarse en esfuerzos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres a través del Sistema Estatal (que no se sabe si opera o no); así como con las dependencias de gobierno, cada una con sus atribuciones puntuales.
La ejecución y seguimiento corresponde al muy débil y cuestionado Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León (IEMNL), para cumplir con las 21 atribuciones y funciones que le otorga el artículo 33 de esta misma ley.
Cabe mencionar que del total de los feminicidios que se registran, el 40 por ciento son perpetrados por las parejas o ex parejas sentimentales.
Durante la administración de Rodrigo Medina ocurrieron 485 asesinatos de mujeres. En lo que va de la gestión de Jaime Rodríguez van 106; cifras que no necesariamente precisan otras de las de muchas mujeres desparecidas.
Por esto y mucho más, la declaración de la Alerta de Género para Nuevo León desvela la situación de desamparo y vulnerabilidad en que viven y transitan las mujeres víctimas de violencia doméstica y social en nuestro estado, tanto en el espacio doméstico como en el público.
Las medidas que hasta hoy se han tomado, como la mesa interinstitucional, dan cuenta del cumplimiento burocrático, pero no de acciones que a corto plazo dé cuenta de resultados. Y el problema continúa, sigue ahí de manera creciente. Es cuestión de ver los periódicos del día.
Se desconoce si por las obligaciones que la misma ley establece, más allá de la alerta de género, funciona el sistema estatal, con un programa permanente, coordinado, de acciones que permitan atender el problema.
Preocupa, y con gran duda, si los 56 artículos que contiene la ley se han revisado; si existe un seguimiento de su cumplimiento en las distintas dependencias involucradas como son la Procuraduría General de Justicia, Educación del estado, Desarrollo Social, Trabajo, DIF, Instituto de la Juventud, los gobiernos de cada municipio, y por parte del Instituto Estatal de las Mujeres. Lo dudo.
Tristemente, la misoginia, los prejuicios de género, la desinformación, el desinterés, la falta de voluntad política, la simulación, parecen acompañar la alerta de género.
¿Sabrán los y las funcionarias que integran el Gabinete estatal, comenzando por el gobernador, lo que significa este compromiso para Nuevo León ante la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Federal?
¿Conocerán sus atribuciones y obligaciones que por ley deben cumplir en la materia? ¿Tendrán noción de la documentación existente que les permita informarse sobre el tema sin prejuicios de género?
Los discursos y las peroratas que circulan no lo demuestran. El Gabinete del gobierno actual, me atrevo a decir, no tiene ni idea de lo que significa género. Que no es un pedazo de tela ¡eh!
Hablar en video de “cero tolerancia” como el muy reciente de la presidenta del IEMNL, es claro que lo que diga no lo convierte en hechos, hay que trabajar y cumplir con la ley y con el compromiso de atender la violencia en todas sus manifestaciones, en particular la declaratoria de violencia de género en los municipios de Nuevo León.
* La autora fue diputada federal de la LVIII Legislatura e integrante de la Comisión de Equidad y Género. Ex funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres. Actualmente es académica con posgrado de maestría del ITESM.
