Como bien escribía Jorge G. Castañeda ayer, los presidentes siempre planean el final de su sexenio y su futuro desde el día que toman el poder. Por muchas y diferentes razones, las cosas no salen así.
El último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador vivirá una paradoja que difícilmente era imaginable en 2018.
Por diferentes razones, no todas resultado de sus acciones pero ahora parte de su responsabilidad, los próximos meses la atención tendrá que estar puesta en dos de los estados más pobres del país y que ahora estarán sumidos —si no que ya están— en la inestabilidad política, social y con graves problemas de inseguridad: Guerrero y Chiapas.
El huracán Otis terminó de devastar una ciudad y un estado que estaba ya en medio de una de las peores violencias del país producto, entre otras cosas, de un gobierno estatal y la mayoría de los municipales inútiles y cómplices frente a grupos criminales.
Acapulco ya era una ciudad aterrorizada por el crimen y los homicidios y ahora, después de Otis, las cosas no parece que se pondrán mejor.
Publicó ayer aquí Óscar Balderas cómo los criminales están proveyendo a la población: “…al menos unos 200 damnificados recibieron una dotación de víveres que sintieron como oxígeno cuando la catástrofe asfixia. Agua, miel, frijoles, papel higiénico. Las entregaron hombres embozados que manejaban vehículos de doble tracción con ventanillas polarizadas y sin placas. No se anunciaban como crimen organizado, pero no era necesario que lo perifonearan: lo que parece un cártel en Guerrero, por lo general, lo es”. De aquí que se construyan cuarteles y llegue la seguridad, las cosas tenderán a ponerse peor.
La otra crisis está en Chiapas donde, en parte por la migración pero también por la indolencia y complicidad de los gobiernos, las cosas están cada vez peor. Valga citar la descripción hecha por el EZLN en su último comunicado: “las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos ‘sicarios legales’ o ‘crimen desorganizado’. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”.
Guerrero y Chiapas. Sí. No era fácil imaginarlo hace cinco años.
