Algo absolutamente extraordinario, casi inimaginable, tendría que suceder en los próximos meses para que el gobierno pudiera cumplir una de las promesas de inicio de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador: encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.
No hay dudas de que eso se quería, pero aquella voluntad se topó pronto con otra decisión presidencial: la de entregar a los militares todo el aparato de seguridad pública y bastante más.
El escrutinio sobre lo sucedido aquella noche en Iguala tocaría a los militares de una u otra manera y el Ejército nunca ha sido muy receptivo —soy generoso— cuando se trata de escudriñarlo. Basta ver lo que le ha pasado al otro mecanismo creado este sexenio para encontrar la verdad del pasado (MEH).
El Presidente se encuentra atrapado. Quiere, pero no puede. Y eso hará que lo más probable sea que entregue el gobierno sin resolver la tragedia que marcó un sexenio y ahora dos.
Toca ahora encontrar culpables. Corrijo, inventar culpables.
Primero le tocó al fiscal especial para el caso. Luego fue el GIEI, quien ya se llevó suficientes insultos y descalificaciones en la mañanera.
En las últimas semanas le ha tocado al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
El Presidente ha tratado no solo de descalificar el trabajo del Centro Prodh, sino de hacerlo, según él, responsable de la falta de justicia en el proceso.
Nada de eso, por supuesto, es verdad. Pero el Presidente necesita echarle la culpa a alguien.
El Prodh, afortunadamente, sigue siendo el Prodh. Respondió ayer: “El Centro Prodh seguirá su labor de defensa de los derechos humanos, como lo ha hecho desde hace 35 años. No guardaremos silencio frente a quienes en el presente siguen obstaculizando y entorpeciendo el proceso de esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Centralmente: el Ejército, que sigue sin entregar los folios consecutivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que el GIEI estimó relevantes; la Fiscalía, que ha sido incapaz de agotar todas las líneas de investigación, y la criminalidad organizada, que administra la información que aún tiene sobre el caso. Si estos obstáculos continúan y el sexenio concluye sin justicia y sin verdad, no dejaremos de señalarlo, como lo hicimos en el pasado, aunque ello implique que se profundice la estigmatización en nuestra contra”.
Así.
