Nadie patalea contra un fiscal independiente, pero esta cualidad no se la da el que sea nombrado por la sociedad civil.
Hace menos de dos semanas fueron electos los próximos diputados y senadores por voluntad de millones de ciudadanos que no decidieron en urnas la integración de alguna ONG.
Por legítimas y justicieras que sean las intenciones de las organizaciones civiles, la responsabilidad constitucional es de quienes tienen la representación del electorado.
Injusto sería que un jurista irreprochable sea defenestrado porque el Presidente lo incluya en una terna surgida de una decena preseleccionada no por él, sino por el Senado.
Visto de otra manera: ¿qué sería del fiscal si se le descalificara por ser alguien emanado de la sociedad civil o de la academia?
En la reestructuración de la PGR participaron desde hace tres años investigadores y expertos de instituciones públicas y privadas de enseñanza superior, y nadie ha dicho que se adueñaron de una institución gubernamental.
La sana idea de un fiscal autónomo es tema de sistema y voluntad, pero no de transferencia de responsabilidades...
