Con perdón (o sin) de quienes perdieron a un hijo entre Los 43 y se dejan usar en la perversa necedad de que se castigue penalmente a quien hizo posible la identificación en Austria de dos de los asesinados, provoca escalofrío constatar la ínfima calidad moral a que se degrada el duelo.
Tomás Zerón de Lucio dirigía la Agencia de Investigación Criminal de la PGR cuando, de madrugada y en la Seido, tuvo ante sí a uno de los presuntos autores de la desaparición de los normalistas, quien le contó cómo no quiso arrojar al río San Juan los restos carbonizados de las víctimas y dejó en la orilla las bolsas que le tocó llevar.
Ante el riesgo de que se perdiera esa evidencia, el investigador viajó con el detenido a ese lugar y constató el dicho a plena luz, ante decenas de testigos, pero el agente del MP que los acompañó levantó el acta ministerial de ley al día siguiente.
De aquel episodio, medular pero formalmente irregular del caso Iguala, se agarran los inventores del “crimen de Estado” para insinuar la calumnia de que la actuación policiaca encubrió una demencial, pero falsa, siembra de evidencia.
