De tomarse en serio la propuesta del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados para que se haga una consulta popular sobre la regresiva y funesta elección directa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (y quizá de magistrados y jueces), en pleno invierno del gobierno de pobreza franciscana se tendría que aumentar al INE su presupuesto de 2024, para no solo costear las más complejas y tumultuarias elecciones federales de la historia, sino la organización y realización de otro inútil sondeo ciudadano cuyo eventual resultado favorable a la oportunista idea únicamente puede conducir al muladar de la politización y partidización de la justicia.
Ignacio Mier tuiteó el domingo:
@NachoMierV. En #Puebla anuncié que en la @Mx_Diputados el movimiento que encabezamos propondrá que se realice una consulta popular para conocer si la gente quiere que las y los ministros de la @SCJN sean electos por el (voto) popular y acabar con los privilegios. ¡Que el pueblo decida!
¿Sabrá que su provocación requiere de solicitud formal un año antes de poder ser puesta en práctica?
De no ser para quedar bien con el presidente López Obrador y presionar a las autoridades electorales y a la Corte, el diputado comete un jocoso disparate.
Sin pudor alguno se quiere usar el tema como bandera de campaña, a pesar de que la elección “popular” de juzgadores abortó en San Lázaro cuando se quiso imponer el abusivo plan a de reforma constitucional (porque Morena y sus aliados no tienen al menos dos tercios de los votos requeridos).
El 35 constitucional prohíbe realizar consultas de temas electorales.
Aun en el escenario de que avanzara la iniciativa de Mier, cabe dudar de que la Suprema Corte apruebe, como está regulado, tanto su procedencia como la pregunta que se formulara a los votantes porque entraña una especie de suicidio del Poder Judicial, no tanto para los ministros en activo pues habría que esperar el término de su gestión o que murieran, pero sí de los futuros que no tengan apoyo de los partidos, a menos que la maniobra cuatroteísta incluya despedir a los juzgadores, lo que implicaría solventar las consecuencias económicas de sus derechos laborales.
Para la designación de ministros, la Constitución de 1824 adoptó el modelo estadunidense de elección popular indirecta: el presidente propone y el Senado dispone, pero con Benito Juárez, en la de 1857, se cometió el error de que “el pueblo” los nombrara.
El memorable jurisconsulto liberal Emilio Rabasa (La Constitución y la dictadura, Porrúa) hizo ver que “la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representen la voluntad de las mayorías, y los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia…”.
Se corrigió el error juarista y hoy por hoy, mucho mejor que peor, es lo que rige…
