Detrás de la negativa a vacunar al personal sanitario de servicios particulares (clínicas, hospitales, consultorios privados y de farmacias), el gobierno federal se refugia en una gran patraña: que la totalidad del que atendió casos de covid-19 ya fue inmunizado.
La mentira se desmantela con el dato ingrato de que una gran parte de los contagiados y muertos no alcanzó a llegar a los establecimientos, públicos o no, destinados específicamente a la atención de la peste, sin considerar que una cifra imprecisa pero cuantiosa de las víctimas fue tratada, en primera tal vez última instancia, por médicos generales, obstetras, urólogos, dentistas, oftalmólogos y profesionales de otras disciplinas, sin saber que estaban ante asintomáticos del coronavirus letal.
Conservadoramente se estima que son alrededor de 100 mil médicos, enfermeras, químicos, camilleros, auxiliares, personal forense, de funerarias, panteones y crematorios los que han estado expuestos a contraer el mal, pero se les tiene privados de vacunas.
“Hay mucha manipulación”, dijo ayer el Presidente, “que no hemos querido vacunar a los médicos del sector privado. No es cierto, eso no es cierto. Eso es falso, es politiquería. Todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, de los hospitales privados que atendieron y siguen atendiendo covid han sido vacunados”, afirmó.
La responsabilidad del subsecretario federal de Salud es administrativa, pero también penal...
Casi es cierto lo que dice. Casi, porque aún de los hospitales covid públicos y privados siguen los reclamos de vacunación, y no están contemplados los profesionales de pequeños consultorios (tan solo de farmacias totalizan más de tres mil 500), como tampoco todos los que atienden dolores de cabeza, diarreas o alteraciones de la presión que, por falta de pruebas previas, ignoraban que en realidad eran síntomas de Sars-Cov-2.
La evidencia del fracaso de la “estrategia” diseñada por el subsecretario Hugo López-Gatell es tan bochornosa que hace 15 días el Instituto de la Salud Global, a instancias de la Organización Mundial de la Salud, estimó en ¡190 mil! muertes que no debieron ocurrir (la cifra oficial supera hoy los 215 mil), de haberse aplicado con oportunidad las políticas de alerta, prevención y atención recomendadas por la OMS para enfrentar la pandemia.
Fresquecito es el reporte (20 de abril) de la Organización Panamericana de la Salud, que coloca a México en el primer lugar mundial de defunciones de trabajadores de la salud, con un total de tres mil 534 muertes, superior en más de dos mil a los de Brasil y Estados Unidos.
El deliberado engaño de que solamente el personal sanitario “de primera línea” es el que atiende casos declarados de covid-19 no solo es degradante para los trabajadores del sector que se ocupan de pacientes que en apariencia sufren otras enfermedades, sino además es discriminatorio por considerarlo “de segunda” o “de tercera” clase.
La responsabilidad del subsecretario federal de Salud es administrativa, pero también y sobre todo penal…
Carlos Marín
