La sola negativa por más de cuatro años y medio de enviar al laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck (Austria) 114 de los más de 63 mil fragmentos recuperados en el basurero de Cocula y el Río San Juan, que la otrora respetable Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó para su estudio genético, revela que la 4T, obsesionada en descalificar todo el “pasado neoliberal”, teme que sean identificados otros o todos (van tres) los desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa.
El incumplimiento constituye una omisión criminal porque, de acatarse la admonición (emitida en los últimos días del peñanietismo) y de no corresponder algunos o la totalidad de restos a los estudiantes, pertenecerían sin duda a personas cuyas familias, en el país convertido en la fosa nostra, ignoran su paradero.
No sería extraño que a estas alturas del sexenio esos fragmentos ya se hayan “perdido”.
Para los vividores del dolor ajeno (como los integrantes del ido Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y otros “acompañantes” y “representantes” de los deudos), lo importante no es que se haga justicia, sino que “las investigaciones” nunca terminen.
Y cuando parecía que con el fracaso y salida de los “expertos” enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezaban a disiparse las “malas vibras”, asoma un nuevo factor de desaseo:
Chatarrizada en la deplorable presidencia de la facciosa Rosario Piedra Ibarra, la “nueva” CNDH tuvo ayer la desvergüenza de solicitar a la eufemística y sectaria Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia las perversas actuaciones del GIEI “para continuar con los trabajos de investigación de este organismo autónomo”.
Desfachatada y estulta, aduce que “existen actuaciones pendientes de continuar y que son trascendentes para la investigación”, sin reparar en que el GIEI, en su despedida, responsabilizó de su fracaso a las fuerzas armadas, acusándolas de ocultar información clave de la matanza de septiembre de 2014.
Incondicional del presidente López Obrador, la señora Piedra debe saber que el señalamiento contra el Ejército y la Marina incrimina también a su comandante supremo: el Presidente de la República, quien comentó en su mañanera:
“Si se ha avanzado, es por la colaboración de Marina y Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad (…) Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa…”.
¿Alguien con sentido común imagina que el general Luis Cresencio Sandoval o el almirante José Rafael Ojeda (titulares de la Defensa Nacional y la Marina) se atrevan a desobedecer a su jefe de jefes para no entregar la información de sus dependencias sobre el caso?
¿No sabrán esos militares que cometerían el delito de insubordinación que alejaría más la de por sí remota posibilidad de que el Presidente cumpla su promesa a los padres de Los 43 de llegar a una “verdad” que se distinga de la detestada, pero inamovible, “histórica…”?
