Aunque contravenga la voluntad de los votantes y constituya una palpable traición a la democracia, todo indica que las autoridades electorales concederán al oficialismo la sobrerrepresentación en el Congreso que, entrometiéndose en asuntos que les están prohibidos, han venido exigiendo el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
De ser aprobado por el Consejo General del INE, el reparto propuesto por su Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos asegurará un aplastante bloque cuatrotero de 364 lugares (de 500) en la Cámara de Diputados y 83 (de 128) en el Senado.
Pese a que la Constitución prohíbe que los partidos tengan más de 300 diputados, la argucia leguleya es que, como coalición, Morena, Verde y PT pueden rebasar el límite y alegan la lógica delincuencial de “si otros lo hicieron por qué yo no”.
El 2 de junio los electores (que le dieron a Claudia Sheinbaum 60 por ciento de los votos) otorgaron a los candidatos a diputados y senadores de la tercia lopezobradorista 55 por ciento de representación, pero los nacionalpopulistas pretenden convertir ese 55 en 75 por ciento de los escaños mediante una maniobra legalista que, en consecuencia, convertirá el 45 por ciento de la oposición en un deshilachado 25 por ciento.
Siendo lo expuesto el argumento medular ante tan evidente atropello a la democracia, lo que la 4T quiere es la aplicación amañada de una disposición constitucional que, tomada literalmente, contraviene el sentido profundo, constitucional también, de impedir la instauración de una dictadura parlamentaria que pueda imponer a capricho cambios a la Constitución y darle al Poder Ejecutivo facultades de una virtual tiranía.
Parafraseando la cita de Juárez que tanto repite AMLO, la sobrerrepresentación podrá ser legal, pero sin duda inmoral, porque violenta los derechos de las minorías tutelados por la Carta Magna.
De ahí que los once consejeros del Instituto Nacional Electoral y los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen el trascendental reto de despejar la incógnita, y lo harán a sabiendas de que las instituciones a su cargo están condenadas a su chatarrización en el paquete de las 18 iniciativas presidenciales de reformas constitucionales que las mayorías oficialistas en el Congreso se aprestan a palomear.
La situación en que se encuentran esos 16 servidores públicos no puede ser más humillante, ya que las instituciones electorales en que se desempeñan están condenadas a su descuartizamiento y los magistrados y consejeros al de sí mismos, porque los primeros van a ser suplidos por otros “elegidos por el pueblo” y el INE será desmantelado con la desaparición de sus equivalentes en las 32 entidades y la pulverización de sus diversas comisiones.
Cada voto que emitan será decisivo, unos y otros pueden aún honrar sus actuaciones.
Lo mejor para ellos y el resto de los mexicanos es que, por encima de cualquier literalidad, respeten el espíritu de la Constitución...
