En materia de educación media superior y superior, los datos del Tercer Informe de Gobierno son, por decir lo menos, preocupantes. Ojalá me equivoque y la segunda mitad mejore, pero todo indica que será un sexenio perdido.
En dicho Informe, el presidente de la República resaltó cuatro logros educativos: el regreso a clases presenciales de niñas y niños; la entrega de libros de texto gratuito; el avance en la construcción de 140 Universidades para el Bienestar; y el aumento de becas.
Sin embargo, lo que no se dijo muestra una realidad desoladora: la mayor parte de las universidades públicas siguen cerradas (incluida la UNAM) -en ausencia de condiciones epidemiológicas y de vacunas suficientes para una apertura segura. Son 2.8 millones de jóvenes en todo el país que, en el mejor de los casos, continúan clases a distancia.
También es lamentable que, en el ciclo 2020-2021,la matrícula de primer ingreso cayó en 238 mil estudiantes de bachillerato y 109 mil universitarios. Son casi350mil jóvenes que hoy deberían estar en las aulas; quizás no vuelvan a ellas. Una caída que inició hace tres años, no obstante que se duplicaron las becas de bachillerato.
Ya INEGI advertía también el aumento del abandono escolar; en 2020 estimaba que 181 mil estudiantes de nivel medio superior y 90 mil de superior habían dejado sus estudios.
El retroceso es resultado de la pandemia, la crisis económica, la brecha digital, e incluso la falta de flexibilidad de instituciones educativas. Empero, principalmente refleja la inexistencia de programas emergentes.
En un reciente informe, la UNESCO y el BID señalan que, en América Latina, solo México y Costa Rica no implementaron políticas para ayudar a las escuelas en la pandemia. En contraste, Chile, Colombia, Perú y Brasil crearon sendos programas de emergencia para infraestructura y equipamiento, conectividad y diversos apoyos directos.
¿Qué viene? Hay genuina preocupación de las autoridades educativas federales por esta crisis educativa. Ojalá convenzan a la Secretaría de Hacienda, el verdadero poder, de que el próximo presupuesto no siga castigando a las universidades y, con ello, a la sociedad.
Iván Moreno
