Una democracia de calidad siempre requiere de elementos que fomenten la coparticipación entre diversos miembros de la sociedad civil y las instituciones públicas. Sin esta necesaria incorporación sucedería lo que señala Luis Aguilar Villanueva, la política pública dejaría de ser pública en sí misma, convirtiéndose en política gubernamental, caracterizada por ser cerrada y opaca. Por el contrario, desarrollar políticas públicas implica incorporar la opinión, participación y corresponsabilidad de actores políticos autónomos en el diseño, implementación y evaluación de dichas políticas.
De esta manera, la labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil permite que la ciudadanía cuente con espacios de encuentro para impulsar la visibilidad y atención de problemas sociales que pueden aquejar tanto a una comunidad, o estado de la república, así como a todo el país. Por tal motivo, las acciones de la sociedad civil se vuelven un contrapeso social al ejercicio de las funciones públicas que se generan en todas las instituciones del Estado mexicano.
Para muestra, la organización México Evalúa hace contribuciones de suma relevancia para fortalecer al derecho de acceso a la información en el país. Entre los programas de incidencia que impulsan se encuentra el de gasto público, donde se evalúa la calidad y transparencia en el ejercicio del presupuesto con base en buenas prácticas internacionales.
Ejemplo de ello es la publicación del Índice de Transparencia Corporativa de las empresas del Estado, siendo un instrumento que permite medir la utilidad de la información publicada por estos organismos paraestatales, con el objetivo de emitir recomendaciones concretas para su mejora.
De lo anterior, es importante impulsar esquemas de cocreación para que la sociedad civil y el Estado cuenten con canales institucionales que les permitan una comunicación permanente dentro del diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Al respecto, el derecho a saber se coloca como uno de los mayores instrumentos para incentivar modelos de gestión que estén fortalecidos por información socialmente útil para la construcción de nuevas estructuras de oportunidades, las cuales permitan mejorar la calidad de vida de las personas y, en consecuencia, la legitimidad del régimen político en el que se encuentran.
Sin la incorporación de sociedad civil se vulnera la legitimidad de las instituciones del Estado, por lo que es fundamental construir andamiajes de cooperación y diálogo permanente entre ambos sectores.
De esta forma, la colaboración entre sociedad y gobierno es una de las premisas principales que conducen al INAI. Muestra de esto se refleja en el apoyo a proyectos como el Programa de Sensibilización de los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (Prosede), el cual pretende construir andamiajes de coparticipación con las organizaciones de la sociedad civil para promover el uso del derecho de acceso a la información y el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) para la protección de los datos personales.
La intención del programa es mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el país. Al día de hoy, Prosede cuenta con una cobertura en 28 entidades de la República, con más de 844 mil beneficiarios directos e indirectos, lo cual se pretende ampliar para 2019.
No hay duda, se debe apostar por construir instituciones más porosas y receptivas para la incorporación de todos los sectores sociales. Con esto se conformarán sinergias de trabajo que reditúen en un mejor desempeño del servicio público, fortaleciendo la democracia, tanto en materia de gobernabilidad, como en mayor legitimidad de nuestro régimen político. Por tal motivo, la apuesta permanente es buscar colaborar con la sociedad civil y siempre decir: #SíConLasOSC.
*Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
