Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, reveló que Emilio Lozoya ha presentado una denuncia en la que acusa explícitamente a Luis Videgaray y al expresidente Enrique Peña Nieto de ser responsables de recibir y gestionar los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, de al menos 100 millones de pesos para financiar la campaña electoral del PRI en 2012.
Basta recordar la grotesca complicidad de las grandes televisoras y destacados intelectuales que en el proceso electoral del 2012 se decantaron por Peña Nieto. Especialmente Televisa se asumió de manera militante con el llamado “telecandidato” frente a la más absoluta impunidad. No era la primera vez, hay claros antecedentes en el cartel político del grupo Atlacomulco. Tanto Arturo Montiel, mentor de Peña Nieto, y del ex presidente usaron indiscriminadamente cuantiosos recursos para financiar campañas electorales y exaltar su imagen política.
Con toda razón, la ciudadanía se pregunta qué hicieron las autoridades electorales para detectar y en su caso sancionar la supuesta imputación de Lozoya. Cómo procedió el área de fiscalización y el Consejo General para cumplir una de sus principales funciones, que consiste en un mandato constitucional de fiscalizar los recursos que los partidos políticos nacionales obtienen a través de las distintas modalidades de financiamiento. Es decir, a fin de contribuir en la equidad en los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral, entre sus atribuciones, tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad. A ello se le denomina fiscalización.
En las redes circula un video en la que Lorenzo Córdova, entonces consejero electoral del IFE, defendió con ardor el resultado, al parecer amañado, de la Unidad de Fiscalización del instituto en la que exoneró de manejos turbios y rebases en la campaña presidencial del PRI. En entrevistas Córdova matizó “el affaire Monex”, sentenciando que: “Esta autoridad electoral no se ha hecho ni se está haciendo guaje, respecto de las investigaciones que están en curso”, dijo en julio de 2012 a Carmen Aristegui. Estoy seguro que se tragando sus palabras y actitud que entonces asumió. Muchos ciudadanos le piden una explicación amplia, otros exigen su renuncia. Mientras aquellos defensores del INE paladín, callan.
Es cierto que el modelo de fiscalización cambió con la reforma de 2014. Pero el fondo del manejo ilícito de recursos se debe a la deslealtad ética y política de los partidos que buscan siempre engañar la autoridad.
