El recuento de votos en Puebla y la anulación de las elecciones en Coyoacán, marcan a los institutos electorales locales sesgados. No garantizan ni la imparcialidad ni la certeza electoral. La reforma electoral del 2014 fue un rotundo fracaso pues los OPLES, es decir, los institutos electorales locales, siguieron siendo instrumentos políticos locales.
En Puebla se les imputa a los consejeros del Instituto Electoral de Puebla de tolerar la manipulación del material electoral, falsificar documentos y publicarlos con fechas anteriores, así como negligencia al tramitar los recursos de impugnación interpuestos sobre los comicios. En 2016, los mismos consejeros enfrentaron otro proceso sobre su remoción que acusaba a los consejeros poblanos de actuar bajo consigna del ex gobernador Moreno Valle. La acusación es muy grave: manipularon la papelería de la elección para gobernador.
En Coahuila y en el Estado de México en 2017, el desempeño tanto del IEC como del IEEM, respectivamente, fueron cuestionados ásperamente por su comportamiento sesgado hacia los poderes imperantes. El caso del IEEM su actuación irregular, en la elección para gobernador, quedó registrado en el libro “El Infierno Electoral”. Gabriel Corona, consejero en funciones en ese momento, demuestra inconsistencias internas entre el PREP, Conteo Rápido y el Cómputo Distrital.
Difícil explicar en el Edomex, que en tan solo en unos cuantos meses entre las elecciones del 2017 las del 2018, la balanza se inclinara tan radicalmente a favor de Morena. Más allá de la sociología electoral y del descontento social, las actuaciones de los árbitros electorales quedan manchadas y entredichos.
Muchas voces claman por una reforma electoral mucho más profunda. Repensar globalmente el modelo electoral. El proceso de 2018 costó a los mexicanos más de cien mil millones de pesos. ¿Merece seguir operando con dos órganos electorales que duplican funciones y se entorpecen mutuamente? ¿Sostener a los OPLES tan vulnerables a los poderes fácticos locales?
La cascada de votos para Morena y AMLO propiciaron una tersa conclusión del proceso electoral, sin embargo no podemos soslayar que hubo graves errores que no podemos pasar por alto: la deficiente capacitación a ciudadanos, los pleitos entre el INE y el Tribunal Electoral, el alto porcentaje de sustitución de funcionarios de casilla y la partidización tolerada de supervisores y capacitadores.
Así mismo, es innegable la colonización de las estructuras electorales hasta niveles de descaro. Ni el INE ni el tribunal ni los OPLES gozan de la confianza ciudadana, se han burocratizado al grado de convertirse en una casta electocrática. ¿Vale seguir con la simulación de los consejeros ciudadanos? Grandes cambios esperamos todos.
