El covid-19 presenta desafíos sin precedente para América Latina, incluidos sus esfuerzos para combatir la corrupción. Todos los países de la región se han visto obligados a movilizar rápidamente recursos masivos para combatir el virus. En este ambiente de gasto de emergencia, controles relajados y trabajo remoto, el riesgo de corrupción ha aumentado”. Así comienza la edición 2020 del “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC)” del Americas Society/Council of the Americas y la consultora Control Risk. El índice califica a los países por su eficacia para combatir la corrupción: investigación, procesamiento y castigo a los responsables.
Uruguay fue el país con la mejor calificación con 7.78 puntos sobre 10; le siguen en orden descendente Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52).
Para nuestro país, la mejor calificación —dentro de los mediocres resultados— se la lleva la sociedad civil. “El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de acabar ‘con la corrupción’, pero en la práctica no ha cambiado mucho. Su campaña anticorrupción se basa solo en su capacidad personal para erradicar el problema”, dice.
La epidemia se convirtió en una oportunidad para que en nombre de la emergencia sanitaria, se salten los candados de transparencia. Por ejemplo, están los ventiladores de Cyber Robotics Solutions, la firma de León Manuel Bartlett Álvarez.
Según el reporte del Índice 2020, las razones del estancamiento en la impartición de castigos y prevención se debe a que el gobierno ha ignorado el Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien hay una activa agenda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el enfoque ha estado en casos de corrupción vinculados solo con la oposición. “La administración de AMLO ha eliminado los controles y aumentado la discreción en los contratos gubernamentales, mientras impulsa grandes proyectos de infraestructura y aumenta el gasto debido al covid-19. Esta combinación aumentará aún más los riesgos de corrupción”, concluye el análisis.
Justo la semana pasada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó que 2020 puede ser el año con más adjudicaciones directas del gobierno federal en una década. Solo en los primeros cinco meses del año (coincidiendo con el inicio de la epidemia), 78.2% de las contrataciones fueron sin licitación. Según MCCI, al separar a las instituciones encargadas de atender la pandemia del resto de contrataciones públicas, el porcentaje de adjudicaciones directas es incluso superior a la del total del gobierno: 82.4%.
Sin duda esta ‘curva’ tampoco se ha aplanado, pues según lo publicado en el portal CompraNet, en 2019 78% de los 122 contratos del Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya se otorgaron sin licitación.
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@ba_anderson
