Escuchamos noticias e informaciones sobre los intentos, políticas públicas y acciones desde la sociedad civil organizada -un poco menos de los gobiernos- para proteger los Derechos Humanos, pero poco estamos acostumbrados a escuchar acerca de los Derechos Digitales.
En una sociedad en la que buena parte de nuestra vida social y laboral se desarrolla en el ecosistema digital -internet, aplicaciones, redes sociales, mensajeros, plataformas de video llamadas y video conferencias- resulta necesario debatir y empujar para que sean reconocidos y protegidos con políticas públicas específicas.
Existe un reto para las regulaciones, inherente a la vertiginosa evolución de la tecnología, y es que, así como se presenta la obsolescencia programada para algunos dispositivos, de la misma manera, algunas normatividades en las que se avanza a nivel regional, dejan de ser efectivas y quedan rebasadas en poco tiempo.
La digitalización fue considerada por el Foro Económico Mundial como la Cuarta Revolución Industrial debido a la cantidad de sectores, así como servicios que ha redefinido y que influyen en la forma en cómo los seres humanos realizamos nuestras actividades.
Paradójicamente, este proceso ha dejado en un mayor rezago a algunos grupos sociales y actividades económicas, por lo cual, un clausulado que procure los Derechos Digitales, también debería buscar que la digitalización sea incluyente, es decir, que asegure a todas las personas la oportunidad de participar en un mundo conectado, como lo sugiere el Manifiesto por un nuevo Pacto Digital, de la empresa Telefónica.
Para que la digitalización impulse el desarrollo es necesario que se centre en las personas, en la protección de sus derechos tanto en el mundo online como en la vida cotidiana, pero al mismo tiempo impulse la innovación y el libre mercado.
¿Cuáles son los derechos digitales que deben protegerse?
España es un país en el que legislativa y empresarialmente –como lo demuestra el caso de Telefónica y su Manifiesto- han desarrollado con mayor amplitud el tema de los derechos digitales, incluso, han servido de base para análisis que se han desarrollado recientemente en México.
Entre los derechos reconocidos destacan:
Derecho a la educación: que los alumnos tengan la posibilidad de adquirir habilidades y destrezas para usar adecuadamente el internet y otra aplicaciones con el objetivo de aumentar y fortalecer sus conocimientos.
Derecho a la libertad de expresión: que se permita a las personas externar opiniones de forma sencilla, rápida y sin censura.
Derecho a la información: que los ciudadanos sean informados, sin que el Estado o cualquier otro agente manipule los datos o decida a lo que tienen derecho.
Derecho a la neutralidad digital: que los usuarios tengan una experiencia de internet abierta, libre y no discriminatoria.
Derecho a la protección de datos: que cualquier entidad que gestione información personal esté obligada a garantizar la privacidad y seguridad de los datos.
Derecho a la identidad digital: que una persona sea capaz de controlar la información que se ha subido a una plataforma con respecto a ella, modificarla o eliminarla.
Derecho al olvido: que el interesado pueda solicitar en determinadas condiciones que no aparezca ningún vínculo a sus datos personales cuando se realice una búsqueda de su nombre en internet.
Me pueden seguir el twitter: @artuman.
