Una constructora en específico y tres personajes muy interesantes aparecen de forma destacada en la investigación que ha destapado las corruptelas del gobierno del alcalde de Puebla, el panista Eduardo Rivera Pérez, con la instalación de desayunadores escolares, supuestamente el programa "estrella" del DIF municipal.
Este lunes, se reportó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó ya irregularidades y desvíos hasta por 9 millones de pesos en la adjudicación en forma directa e injustificada de obras de construcción de 13 desayunadores y en el pago anticipado de los contratos.
Ha sido señalado como principal responsable Antonio Vasconcelos Rueda, quien fungía como director general del Sistema Municipal DIF, en su tiempo muy cercano a Rivera Pérez y a su esposa, la titular del organismo.
Pero no es el único: detrás de la cloaca hay otros personajes, igualmente ligados con quien hoy afirma que dejará el ayuntamiento "en orden".
En el corazón de la historia aparece la Constructora y Edificadora Tepatlaxco SA de CV, con domicilio fiscal en Camino a Atotonilco número 2 de San Cristóbal Tepatlaxco, en San Martín Texmelucan, beneficiada con cinco fallos de obra, todos violatorios de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
El rastro dejado por esta empresa ha llevado hasta Pablo Aguilar Zárate, oriundo de Texmelucan, amigo de Vasconcelos y Rivera Pérez y primo hermano del exsenador Humberto Aguilar Coronado, así como a otros dos implicados: Helena Aguilar Lugo y Ricardo Toledo, exsubdirector administrativo del DIF, quienes con toda libertad lograron crear el mecanismo para hacer un jugoso negocio personal mediante la instalación de desayunadores escolares.
Según la ASE, se asignaron los contratos de forma ilegal, pues la constructora ni siquiera estaba inscrita en el padrón municipal.
El daño patrimonial es doblemente grave por el fraude social que ha implicado, pues el programa de desayunadores escolares fue posible gracias a las generosas aportaciones económicas que realizaron importantes empresarios, fundaciones, universidades, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil, que contribuyeron con cerca de 9 millones de pesos, es decir, el mismo monto en que el auditor calcula fue desviado ilícitamente.
Lo más grave es que las primeras evidencias de que algo andaba mal en el programa "estelar" del DIF municipal datan de junio del 2012. Sin embargo, desde lo más alto del ayuntamiento se giraron instrucciones para sepultar el tema.
¿Por qué?
¿Qué tenía que esconder el alcalde, el mismo que va por la vida sonriendo y jurando que "la honestidad paga, y paga bien"?
¿A quién o quiénes quería proteger?
Son preguntas que sin duda merecen ser respondidas.
