Encarcelar a personas, sin una debida asesoría legal y con pocos recursos se ha convertido desde hace muchas décadas en una constante de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en nuestro país. Este tipo de hechos ha incrementado de manera alarmante la población penitenciaria de nuestro sistema carcelario y se ha dejado a un lado la aplicación de medidas cautelares que contribuyan a la correcta reintegración social del inculpado. Esto convierte al negocio de las prisiones privatizadas en una inversión muy lucrativa.
En el 2010, bajo el gobierno de Felipe Calderón surge este esquema de Asociación Público-Privada (APP) como una solución efectiva ante la problemática de coadyuvar con el Gobierno en el hacinamiento y corrupción en el sistema penitenciario del país. El promotor de este esquema fue Genaro García Luna, ex titular de la SSPC durante el periodo de Felipe Calderón y que ahora se encuentra preso en Estados Unidos por una investigación de narcotráfico.
Haciendo un corte de caja a diez años podemos concluir que esta asociación no ha funcionado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que este esquema privatizado se sigue practicando los mismos vicios y se ha encarecido el costo de mantenimiento de una persona en la cárcel.
El Presidente López Obrador aseguró que su administración llevará a cabo un análisis y estudio del manejo y aprovechamiento de los recursos que sostienen un sistema que se encuentra al borde del colapso.
De este hecho se desprende una oscura relación entre diversas constructoras y gobierno federal que se encuentran ligadas a través de diversos contratos con una vigencia de 20 años de duración que fueron otorgados de manera sospechosa vía adjudicación directa sin licitación debido a que se trata del tema relacionado con seguridad nacional. Actualmente en México están en pleno funcionamiento diez cárceles privatizadas en Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Coahuila, Morelos, Oaxaca y Ciudad de México y que están construidas en ubicaciones geográficamente aisladas y que no atienden el bien común establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Es muy importante que el sistema penitenciario tenga claro los retos que se deben de enfrentar y se trabaje para que se proporcione lo indispensable para cubrir las necesidades básicas y de cuidado personal a los reclusos que ocupan las instalaciones.
El sistema carcelario de nuestro país es un pilar muy importante de nuestro sistema de justicia, por lo que es necesario analizar, evaluar y criticar estos esquemas de manera transparente y ajustarlos a la protección efectiva de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y se ponga a la persona en el centro de la discusión.
Arturo Argente
