Pocas personas, quizá nadie, sea hoy tan relevante en la política colombiana como el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Siempre polémico y aguerrido, Uribe ha permanecido en el centro de la política de aquel país sudamericano durante el último cuarto de siglo. Incluso me atrevería a decir que en muchos momentos no sólo ha permanecido, sino que ha sido ese centro.
En gran medida, Uribe es el responsable de haberle devuelto a Colombia la viabilidad como país. Cuando él llegó a la presidencia en 2002, Colombia enfrentaba uno de los capítulos más sangrientos de su historia y era considerado un estado fallido. Cuando dejó la presidencia 8 años después, todo era distinto. Hoy Uribe enfrenta una condición inédita: fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno de testigos, cuando fue acusado de favorecer a grupos paramilitares. La condena sorprendió no sólo por ser la primera vez que un ex presidente colombiano es juzgado culpable, sino por la ferocidad de la sentencia, mayor incluso a la solicitada por la Fiscalía.
A pesar de esto, el 19 de agosto un tribunal de segunda instancia ordenó la libertad inmediata de Uribe, al considerar que la jueza Sandra Heredia había violado varias garantías procesales al basar su decisión más en la personalidad de Uribe que en su actuar. Torpe y sesgada, la jueza cavó la tumba de su propia sentencia, al convertir su veredicto en un espectáculo mediático que le dio quince minutos de fama, pero que comprometió la validez del proceso y su propia reputación.
El juicio contra Uribe repite un patrón que históricamente ha fallado una y otra vez en el mundo: intentar sacar de la competencia política a figuras relevantes mediante montajes legales. Esta estrategia fracasó con López Obrador y el famoso desafuero; con Trump y los escándalos financieros y sexuales; y volvió a fallar ahora con Uribe. Independientemente de que los imputados hubieran cometido o no ilícitos, usar la justicia como herramienta política se ha demostrado ineficiente. Ocurre que, así como los acusadores politizan la ofensiva, los acusados también politizan su defensa. Lo que tendría que ser un proceso judicial termina convertido en un circo mediático en el que todo juega, menos la ley.
Desde la primera sentencia estaba claro que Uribe no pisaría la cárcel. Hay poco fundamento para que lo haga. Desde ahora, puedo asegurar que todo acabará como en episodios anteriores: con el persecutor derrotado y desprestigiado, y con el perseguido reivindicado, ganando las elecciones dentro de un año. En el caso de Uribe será mediante interpósito candidato, pero de su triunfo, reforzado por este incidente, no me queda duda alguna. Y este es el análisis paralegal de tu Sala de Consejo semanal.
