Jaime Bonilla, elegido por los ciudadanos baja californianos para gobernar dos años el estado y empecinado en que fueran cinco, no escuchó la voz de los expertos en derecho, que opinaron que su pretensión era ilegal. Le valió un pito que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y ex ministra de la Corte, insistiera en dicha ilegalidad.
Le valió un cacahuate que el mismo Presidente de México le dijera que debería “acatar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó que el periodo de gobierno en Baja California sea de dos años y no de cinco, como lo promovía el Congreso local”.
Bonilla asestó severa cachetada al Estado de Derecho y a las declaraciones del Ejecutivo, cuando éste se preguntó, precisamente: “¿cuál es la premisa fundamental en este gobierno en lo que tiene que ver con la aplicación de un auténtico Estado de Derecho? Se resume en una frase de los liberales del siglo XIX: ‘al margen de la ley, nada, por encima de la ley nadie’, y no es como antes, no es una farsa, no es una simulación”.
Desde que se conoció la actitud bonillista, de maicear a los diputados del Congreso Local para que modificaran la Constitución de la entidad y se mantuviera en el cargo cinco años y no dos, como establecen las leyes locales, las opiniones en contra, de juristas y ciudadanos se dejaron oír, pero los que tienen el poder no quisieron escuchar.
Los resultados de la consulta a modo, realizada el domingo pasado, dicen que hubo participación de 53,419 votantes. De ellos, 45 mil 30 votaron a favor de cinco años, que representa el 84.25 por ciento. Adoran pues a su gobernador, a pesar de conocerse el total desaseo del evento.
Pues hasta hoy no se ha demostrado que México vive en un Estado de Derecho, cuyas leyes no sirven más que para llenar páginas. No se pudo demostrar en esta ocasión, que la orden del Primer Mandatario sirve para que se respeten los preceptos legales. Pueden ser pisoteados cuando los políticos quieran, a pesar de los pesares.
Si lo que se pretendía era sentar un precedente para otros fines futuristas, ya está hecho, y no puede afirmarse que alguien lo impedirá. Ya hay quienes apuestan a que no habrá cambios y que lo del Estado de Derecho no es más que verborrea.
Hay quienes apuestan a que la Suprema Corte, a la que se le indilgó la última palabra, resolverá a favor de Bonilla. Y que como siempre, las disculpas serán pueriles.
