En México no se ha implementado un programa confiable que proteja a los periodistas, que cada día corren mayores riesgos, que crecen con la cotidiana descalificación gubernamental al ejercicio de investigar a funcionarios y a la publicación de noticias.
Se habla de respeto a la libertad de expresión, mientras se da trato de periodistas “fifis” o “chayoteros”, que sirven a intereses enemigos, a quienes publican información contraria a las expectativas de los gobernantes. Se dice que éstos asisten a quienes no soportan los avances del cambio, o que secundan a quienes no soportan los ataques a la corrupción.
Los mismos periodistas, dicen, no aguantan que les hayan quitado los “chayotes” y por ello se dedican a denostar a los servidores públicos, tan puros como el diablo.
Tal vez por eso, la actividad del informador ha sido abandonada a su suerte, por más que diferentes instituciones periodísticas, nacionales e internacionales, han señalado la necesidad de instaurar mecanismos que sirvan para la defensa de los periodistas mexicanos.
El mismo subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que las acciones del mecanismo para proteger a dicho gremio son de reacción y no de prevención. Sólo que no se ha visto su eficacia por ningún lado.
Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), emitido la semana pasada destaca que México “es el país en el hemisferio, con mayor número de asesinatos de periodistas, siete en los últimos seis meses y 11 en lo que va del actual”. Y alude a lo dicho por Jan Jarab, representante de la ONU en nuestro país: “Cincuenta y cinco por ciento de las presuntas agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos son de funcionarios públicos”.
De acuerdo con el informe de la SIP, el programa para defender a los periodistas adolece de medidas paliativas, falta de personal, presupuesto, carencia de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos y de periodistas y permite un alto nivel de impunidad.
El informe pone, además, énfasis en el caso de la “estigmatización y descalificación a los periodistas por miembros del gobierno, señaladamente del Presidente de la República”.
De acuerdo con las expresiones que ya son cotidianas en el gobierno, la Prensa seria no puede esperar nada. Los periodistas pueden morir y seguramente así estarán mejor.
