Desde el primero de septiembre que inició la nueva legislatura, muchos representantes populares se han mostrado activos en la conformación de iniciativas de todo tipo. Sobresalen las que se refieren a cambiar el futuro de los políticos que encontraron en los cargos públicos la forma de enriquecerse de manera explosiva como reprobable.
Por ejemplo, los representantes de Morena ya presentaron en el Senado una reforma constitucional para ampliar la llamada extinción de dominio, que permita quitar bienes a funcionarios y prestanombres envueltos en actos de corrupción. ¡Vaya que los juzgados tendrían trabajo!
Se habló de que en la actualidad, la medida sólo sirve para recuperar bienes de la delincuencia organizada. Por lo tanto, es plausible voltear también los ojos al otro grupo, al que hasta la fecha ha hecho lo que le viene en gana para enriquecerse y no sólo compite con el anterior, sino que en muchos casos es el que aglutina a los verdaderos jefes de jefes.
El proyecto contiene novedades que la gente aplaudirá a rabiar, ya que la mayoría desea con vehemencia que al fin se haga pagar a los políticos que la deben, que es la inmensa mayoría, sus culpas exhibidas de tal manera, que ofenden a nuestra sociedad sin que les importe un pito.
Aunque parece que algo faltará, si se concreta la propuesta, que habla de aplicar sanciones por abuso de autoridad, ejercicio abusivo en funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos de servidores públicos contra la administración de justicia.
¿Por qué no contempla además a quienes dependen de los ladrones; a hijos y familiares que se dedican a gastar lo que los progenitores han obtenido ilícitamente? ¿A esos que insultan a los mexicanos con departamentos de muchos millones de dólares en el extranjero, con automóviles que ni siquiera se ven en las películas y que también cuestan un ojo de la cara y con viajes carísimos en primera clase hasta para las mascotas?
¿Por qué no mandar de una vez, a Carlos Romero Deschamps, a cortarse la barba y no a remojarla? Sólo que no vayan a resultar con que la medida se llevará a efecto y entrará en vigor dentro de unos 10 años. Quienes proponen deben optar por hacerla efectiva lo antes posible, caiga quien caiga, antes de que muchos pájaros de cuenta –y de cuentas-- emprendan el vuelo.
Hay que evitar que lo que se llevan pare en España, si no es que ya está allá.
